A. RICA

ALICANTE. En los últimos años, un gran número de municipios de la Comunidad han cambiado de forma radical la fisonomía de su vecindario. La llegada de miles de inmigrantes laborales venidos de decenas de países han contribuido a dar una imagen cosmopolita y colorida de la región, aunque no exenta de conflictos.

Si bien la adaptación entre residentes y extranjeros, en líneas generales, no ha supuesto ningún problema, sí que lo ha sido en las zonas en las que su llegada puede considerarse como masiva. En este sentido, los barrios de la zona norte de la capital alicantina han visto como en la última década el porcentaje de inmigrantes aumentaba desde un 9 por ciento del año 2001 hasta más de un 22 por ciento en la actualidad. La media de toda la ciudad no llega al 12. En esta zona, los alquileres o la compra de una vivienda son más asequibles.

La llegada de la inmigración con pocos recursos económicos, y la picaresca de algunos propietarios ha hecho proliferar los pisos «patera» o pisos compartidos por varias familias, problema que se ha acrecentado con la crisis de la construcción, sector receptor de numerosa mano de obra extranjera.

Manifestaciones vecinales

El hacinamiento en viviendas es uno de los aspectos que más contribuyen al malestar del vecindario y ya ha sido causa de conflicto entre nacionalidades. Los habitantes del barrio alicantino de Juan XXIII llevan tiempo denunciando que en algunos de estos pisos de apenas 70 metros se concentran más de 20 personas, con el consecuente problema de insalubridad que ello conlleva al no reunir las viviendas los servicios necesarios.

En este barrio los vecinos autóctonos han protagonizado ya varias manifestaciones para quejarse por el asentamiento de un centenar de ciudadanos rumanos que, según manifiestan, tiene invadidas las calles: duermen en ellas y también realizan al aire libre sus necesidades.

Barrios como Colonia Requena, Cuatrocientas Viviendas, Virgen del Carmen o Sidi – Ifni/Nou Alacant son también considerados como «vulnerables».

Estos barrios se caracterizan por tener un alto nivel de absentismo escolar, precariedad laboral y escasez de comercios y actividad económica. Algunas de sus calles se han convertido en puntos de venta de droga. En el barrio Virgen del Remedio, hace unos meses los usuarios del Parque Lo Morant denunciaban atracos por medio del sistema del «cogotazo», y también que jóvenes latinoamericanos obligaban a pagar tres euros para pasar. Este parque también es escenario de botellones y «batucadas», que afectan al descanso del vecindario.

En la actualidad existe un ambicioso plan de de rehabilitación de la zona, tanto social como física, que pretende integrarla con el resto de la ciudad.Para ello se ha destinado un presupuesto de más de 167 millones de euros.

El caso de Parque Ansaldo

Pero los conflictos asociados a la inmigración con escasos recursos no son nuevos en Alicante. Durante más de una década, el barrio Parque Ansaldo de San Juan fue considerado uno de los más conflictivos del territorio nacional, como consecuencia del hacinamiento y marginalidad. La única solución consistió en demoler todos los bloques de viviendas, ocupadas en su gran mayoría de forma ilegal. Alrededor de un 60% de los desalojados acabaron en viviendas sociales.

Los conflictos como el registrado en la localidad almeriense de Roquetas no son exclusivos de la capital alicantina. En los barrios de Ruzafa, Orriols y El Carmen, todos en la ciudad de Valencia, también se han detectado situaciones de hacinamiento potencialmente conflictivas.

No obstante, según los datos de la primera encuesta nacional realizada por el INE sobre el número de inquilinos por vivienda, la Comunidad presenta uno de los índices más bajos de hacinamiento (3,12 inmigrantes por vivienda). La región se sitúa en tercera posición en este apartado, tras Baleares y Canarias. La media en Madrid es de 3,9.

En este sentido, el Consell ha arbitrado medidas dirigidas a «garantizar la mejor calidad de vida para el colectivo inmigrante y mejorar el acceso a la vivienda», tal como se recoge en la Ley de Integración.