El apuñalamiento mortal en el municipio almeriense de Roquetas de Mar de un vecino senegalés y la batalla campal protagonizada después por inmigrantes subsaharianos, que buscaron venganza contra el presunto asesino atacando propiedades de ciudadanos de etnia gitana, exigen de una diligente investigación que identifique a todos los implicados y determine con exactitud las circunstancias en que se produjo el homicidio. La actuación eficaz de la Policía y de la autoridad judicial resulta imprescindible para tratar de devolver la calma a la conflictiva barriada de las 200 Viviendas, donde la ley de la calle trató de hacerse fuerte durante horas frente a la intervención de los agentes de la Guardia Civil movilizados en una veintena de patrullas. El fuerte dispositivo policial desplazado al lugar de los hechos da una idea precisa de la virulencia con que reaccionó el entorno de la víctima, cuya intolerable actitud requiere ser atajada por los mecanismos que prevé el Estado de Derecho a fin de preservar la quebradiza seguridad en un barrio carcomido por la marginación social. Las pruebas y los testimonios recabados apuntan como detonante del crimen a la delincuencia común, descartando que haya sido fruto de un brote de violencia racista. Pero que éste no se haya producido no debe llevar a desatender los riesgos que comporta la transformación en guetos de las áreas urbanas más deprimidas, ni a minusvalorar la presión social añadida que puede acarrear la frágil y a menudo turbulenta relación entre etnias dispares. La respuesta frente a la defensa desmesurada de lo que es propio y el gremialismo agresivo exige estrategias activas de integración que combinen las expectativas de desarrollo personal con una fijación clara de los límites que aseguran la convivencia.