El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Celestino Corbacho, se vio obligado ayer a matizar su anuncio sobre la reducción sensible, de cara a 2009, de la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen, a raíz de la polémica generada entre partidos, sindicatos y organizaciones sociales y el deseo de Moncloa de no abrir nuevos frentes políticos.

Ayer admitió que su afirmación de que dicha modalidad laboral se aproximaría al “punto cero” no fue nada afortunada. “Uno no es perfecto a la hora de explicarse”, se justificó, al tiempo que reconoció que sus palabras “pudieron crear una situación compleja de inquietud”.

Sin cambios legislativos

Por ello, aseveró que él mismo es un “defensor” de ese tipo de contratos y que, como ya apuntó el miércoles pasado tras la primera reunión de la mesa del diálogo social, se respetarán todos los convenios internacionales que haya firmado el Estado o pueda hacerlo en el futuro sobre este asunto.

Sus palabras, en declaraciones a la cadena Ser, se produjeron apenas tres horas después de que la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, preguntada por la cuestión tras la reunión semanal del consejo de ministros, negara que el Gobierno hubiera elaborado un proyecto al respecto e insistiera en que el gabinete socialista mantiene su idea de tener “una inmigración legal y ordenada, en función de las necesidades del mercado laboral”. Por ello, De la Vega insistió en que se realizarán todos los contratos en origen que se necesiten y “en todo caso, los temporeros los va a haber”, matizó, al tiempo que apuntó que esta cuestión deberá ser tratada en su momento junto a los agentes sociales, empresas y sindicatos, además de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

No obstante, zanjada la polémica semántica, Corbacho insistió en su planteamiento de que “habrá toda la contratación en origen que haga falta, pero cuando las personas de aquí hayan tenido la ocasión de encontrar trabajo, independientemente de su procedencia, sean nacionales o extranjeros”.