El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció ayer de manera precipitada e imprecisa la eliminación de la contratación de trabajadores extranjeros en origen, reforzada durante la pasada legislatura como parte de un paquete para combatir la inmigración clandestina. La contratación en origen constituía, junto con la ayuda al desarrollo y la cooperación en la gestión de fronteras, el reverso de una política que, en su otra vertiente, reforzaba los controles de entrada y aumentaba el ritmo de deportación de los extranjeros sin permiso de residencia y trabajando en condiciones de ilegalidad.

Corbacho hizo estas declaraciones coincidiendo con la publicación de unas preocupantes cifras de paro, que convierten a España en el país con la peor tasa de la UE. El momento escogido por el ministro no podía ser más inoportuno, puesto que invita a vincular las eventuales modificaciones de la contratación en origen con la lucha contra el desempleo y, por tanto, a establecer una relación directa entre inmigración y paro, según sostienen, en contra de toda evidencia contrastada, los grupos populistas y de ultraderecha favorables a la “preferencia nacional”. Es de esperar que el Gobierno no ceda a la tentación de utilizar el desempleo como coartada para endurecer la política de inmigración, un objetivo que parece perseguir de manera encubierta desde las elecciones de marzo.

Tras más de una década de bonanza recibiendo trabajadores extranjeros, empezar por llamar la atención sobre los empleos que ocupan o que podrían ocupar cuando llegan los momentos de dificultades es jugar con fuego. Puede que el Gobierno lo esté haciendo para cerrar el flanco a las críticas del PP, que convirtió a la inmigración en chivo expiatorio de problemas como la saturación de los servicios. Pero los tiempos que se avecinan exigen responsabilidad. El cada vez más necesario pacto en materia de inmigración no será tan eficaz si, en vez de dirigirse contra los empleadores que los contratan ilegalmente, se centra en qué hacer con los extranjeros que trabajan o pretenden trabajar en España. Si el PP desea alejarse de su imagen radical, tendría que revisar la idea de inmigración como chivo expiatorio. Y haría bien el Gobierno en caminar también en esa dirección para favorecer el acuerdo, en lugar de buscarlo tanteando en dirección contraria.

La cifra de contratos en origen durante todo el año pasado fue sensiblemente menor que la de los empleos destruidos en el último mes, lo cual demuestra la escasa relevancia de este mecanismo para la evolución del mercado laboral. Por esta razón, los cambios anunciados por Corbacho responderían, de confirmarse, al deseo de hacer algún gesto demagógico en dirección a los españoles que hayan ingresado en las listas del paro más que a mejorar de manera significativa sus expectativas de trabajo. Y otro tanto cabría decir sobre la posible modificación de la lista de empleos a la que pueden acceder los extranjeros ante la imposibilidad de cubrirlos con españoles.

Puede que Corbacho haya hecho estos anuncios de manera irreflexiva, y, en ese caso, nada mejor que rectificar. Pero si son resultado de una decisión meditada, tendrá que explicar por qué la ha adoptado sin contar con empresarios y sindicatos, despreciando un mecanismo de consenso que hasta ahora había dado buenos resultados. España ha adquirido además compromisos con terceros países para favorecer la contratación en origen, y no parece conveniente desatenderlos; menos aún a través de los métodos expeditivos por los que parece sentir una rara predilección el titular de Trabajo.

No es momento de improvisaciones y bandazos en ninguna materia, pero menos que en ninguna, en inmigración.