El ministro Corbacho, tras reunirse el miércoles con los agentes sociales, manifestó a la prensa una obviedad: la contratación en origen de nuevos inmigrantes se reducirá en el futuro todo lo posible dada la situación actual del mercado de trabajo. Sería absurdo seguir importando mano de obra cuando aquí hemos rebasado los 2,5 millones de parados.

Pese a la lógica de tal designio, el Gobierno no tendrá más remedio que cumplir algunos compromisos adquiridos sobre todo con países de µfrica, a los que se concedieron cupos para evitar la inmigración ilegal y recabar su cooperación en la repatriación de nacionales y gestionar los flujos que, pese a todo, consigan introducirse en nuestro país. De hecho, en lo que va de año 88.000 extranjeros ya han venido a España a trabajar legalmente, frente a los más de 200.000 del mismo período del año anterior. Además, habrá que seguir contando con ciertas especialidades de trabajadores foráneos médicos por ejemplo que suplan algunas carencias internas. Pero en suma, el cierre de fronteras a los inmigrantes es perfectamente razonable.

Al margen, claro está, de que los propios inmigrantes potenciales se retraigan y desistan de viajar al conocer la situación de nuestro mercado laboral.

Dicho esto, la medida tiene algunas vertientes que conviene considerar. En primer lugar, es claro que la inmigración ha provocado una tácita división del trabajo en nuestro país, perfectamente natural pero que habrá que reconsiderar, sobre todo si la crisis se dilata en el tiempo. Los trabajadores españoles ya desechan ciertas especialidades laborales, en general las que menos cualificación requieren, que han quedado por tanto en manos de inmigrantes.

El cese de la inmigración no tendrá, pues, efectos perceptibles si tales hábitos no cambian, es decir, si los españoles no regresan a dichas ocupaciones, aunque sea quizá con incentivos públicos, como ya está planteando por ejemplo el gobierno francés, dispuesto a subsidiar algunas tareas que reportan salarios muy bajos.

En segundo lugar, y como algunos ya previnimos hace tiempo, la presencia en nuestro país de un gran colectivo de inmigrantes todavía no integrado por completo puede generar un grave conflicto social al sobrevenir esta etapa de ‘vacas flacas’. En tanto funcionó aquella mencionada división del trabajo no existió rivalidad alguna entre autóctonos e inmigrantes. Ahora que hay fuerte desempleo en ambas especialidades en la construcción y en el sector servicios por ejemplo, no sería extraño que surgiera.

Sobre todo, si sobrevienen situaciones de franca necesidad por insuficiencia del seguro de desempleo. Rodríguez Zapatero afirmó recientemente que éste da cobertura actualmente al 85% de los desempleados, pero no dijo durante cuánto tiempo. Si la crisis se dilata, habrá que replantearse la prestación para alargar plazos, extender coberturas y generalizar aún más su implantación.

Paralelamente a estas medidas económicas y de carácter general, todas las administraciones tendrán que disponerse a prevenir los conatos de conflictividad que aparezcan por roces entre nacionales e inmigrantes por esta causa. La escasez de trabajo generará probablemente fricciones que serían inadmisibles: quienes han trabajado aquí en etapas de bonanza para contribuir al desarrollo de este país merecen el mismo trato que los autóctonos en momentos de dificultad.

Finalmente, no hay más remedio que señalar que, más allá de los planes de formación profesional y de adaptación laboral que plantean los agentes sociales y el Gobierno para acomodar la oferta y la demanda laborales, el medio más eficaz de mitigar el paro aprovechando al máximo todos los nichos laborales existentes es el de la flexibilidad, tanto en lo referente a la residencia como a la especialidad. Dicho en otras palabras, el trabajador en paro debe ser consciente de que, cuando cae la demanda de trabajo, no tendrá más remedio que aceptar quizá un empleo de menor cualificación que la suya, que adaptarse a un nuevo empleo tras un proceso formativo o que residir en otro lugar. Fomentar esta flexibilidad incentivándola es tarea del Gobierno.

Lógicamente, la mejor política social, como dice insistentemente el Partido Popular con razón, es la creación de empleo. A recuperar la senda del crecimiento deben tender los principales esfuerzos de todos los actores políticos y sociales, pero en el entretanto hay que afinar la sensibilidad social para evitar el sufrimiento de los menos favorecidos y los conflictos de toda índole que la escasez pueda provocar.