Ni siquiera el PP, que en su programa electoral incluía un ‘contrato de integración’ para los inmigrantes que deseen establecerse en España, parece respaldar la pretensión del Gobierno de reducir al mínimo la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen. Sindicatos, empresas y partidos políticos coincidieron ayer en la mayoría de sus reproches públicos a una medida que, según recordó CC OO, fue puesta en marcha durante la segunda legislatura de José María Aznar y provocó que un millón de inmigrantes estuvieran ocupados en la llamada economía sumergida. Eso es, precisamente, lo que los críticos temen que se repita ahora.
Pero la falta de apoyos no ha hecho que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Celestino Corbacho, se replantee sus planes, si bien desde su departamento matizaron en las últimas horas que el drástico recorte en la contratación fuera de fronteras se limitará al contingente anual previsto en el régimen general que recoge las conocidas como ‘ocupaciones de difícil cobertura’, junto a las ofertas nominales que realizan los propios servicios públicos de empleo. De esta manera, quedarán fuera los llamados ‘temporeros’ que trabajan en las cosechas en el campo.
Según el Ministerio, el colectivo afectado es «poco importante» en número, que en 2007 supuso 51.349 autorizaciones frente a un total de 331.625. Hasta finales de julio, esas cifras habían descendido y eran de 18.472 permisos frente a un contingente global de 88.180.
Baja cualificación
Otras excepciones a esa restricción generalizada que prepara el Gobierno serán las contrataciones especializadas y aquellas fijadas en convenios internacionales que tenga suscritos España o pueda hacerlo en el futuro.
Sin embargo, estas matizaciones apenas lograron rebajar el tono de las críticas a Corbacho. Las centrales sindicales no piensan igual pues, como apuntó el secretario de migraciones de CC OO, Julio Ruiz, esos empleados foráneos cubren en su mayoría ocupaciones de baja cualificación (sobre todo, en la agricultura y la hostelería), que demandan poco o casi nada los nacionales.
Reclamó por ese motivo «mayor rigor y responsabilidad» al ministro, al considerar que esos trabajos serán igual de necesarios y al final se tendrán que cubrir a través de la economía sumergida, precisamente también por inmigrantes, pero esta vez en situación irregular.
Por su parte, la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, manifestó su «asombro, molestia y, de alguna forma, también preocupación» porque el Gobierno haya anunciado este asunto fuera de la mesa del diálogo social.
Clientes de las ETT
Desde el ámbito patronal, la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) tachó la iniciativa del Ministerio de Trabajo de «impertinente, injusta y antisocial», al tiempo que defendió su papel para canalizar a ese colectivo de trabajadores, que protagoniza un tercio (34,1%) de los contratos que gestiona.
Por su parte, los partidos de la oposición parlamentaria rechazaron en bloque la medida, a su juicio «populista» y «alejada de la realidad», al tiempo que insistieron en sus «efectos perversos» sobre la economía sumergida.
La Dirección de Inmigración del Gobierno vasco pidió a Zapatero que desautorice al ministro, porque su propuesta provocará «un mayor desorden» en los flujos migratorios, lo que se traducirá en más inmigración irregular y «más tragedias humanas».
Según datos oficiales, más de 800.000 extranjeros trabajan en España de forma irregular. La última EPA estima en 2,943 millones los inmigrantes con trabajo, mientras que la media de cotizantes a la seguridad social del periodo abril-junio fue de 2,125 millones.