LA decisión del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de eliminar la contratación directa de inmigrantes en sus países de origen es un mensaje contundente de que España ya no puede acoger más mano de obra extranjera a causa del fuerte aumento del paro que se ha producido, y que ha sido de más de 600.000 personas en un año.

Ese efecto anuncio es el principal factor positivo de la decisión tomada por el ministro de Trabajo, en la medida en que es un mensaje claro que acaba con la imagen de España como país demandante de inmigración. Había que dar ese mensaje cuanto antes, a la vista del estancamiento del crecimiento económico, y es acertado que se haya hecho.

Hay que reconocer que la citada decisión también tiene un carácter efectista de cara al interior del país, ya que permite al Gobierno reforzar la imagen de que se ocupa del mercado laboral. Los sindicatos y la patronal se han quejado de que Celestino Corbacho haya tomado la decisión de eliminar la contratación en origen sin haberla negociado ni comentado con ellos. Lo mismo han hecho varias comunidades autónomas, que son las principales administraciones que desarrollan sobre el terreno las políticas sobre inmigración. Es cierto que la inmigración es una cuestión extremadamente sensible, y con muchos matices, sobre la que hay que actuar con el máximo acuerdo posible. Pero también hay ocasiones en que gobernar exige decisiones claras y decididas.

La eliminación de la contratación en origen, pese a todo, se habría impuesto con el tiempo por la fuerza de los hechos, es decir, por la caída del empleo a causa de la crisis. En realidad en el último año se ha reducido ya prácticamente a la mitad. Si en el 2007 se contrataron 200.000 extranjeros, en lo que va de año, hasta julio, se han empleado a 88.000.

Pero reducir a cero por decreto la contratación de inmigrantes en origen conlleva ciertos problemas que exigen que la medida se aplique con flexibilidad. Es verdad, como dice el ministro de Trabajo, que no es razonable que un país con 2,5 millones de parados deba recurrir a nueva mano de obra extranjera. Pero también es cierto que hay empleos muy cualificados, como podría ser el de los médicos, para los que no se encuentra personal en España. Lo mismo sucede con muchos trabajos que los españoles, aunque estén en el paro, no quieren realizar. Este es el caso de los trabajos de temporada, a los que no se aplicará la citada medida. Hay que huir, por lo demás, de asociar la inmigración con la falta de trabajo, ya que eso no sólo no responde plenamente a la realidad, sino que podría derivar en graves tensiones sociales.

El cierre total de las vías legales de entrada a los trabajadores extranjeros, que en principio parece lógica dada la situación de crisis, tiene el inconveniente de que deja sólo a la inmigración ilegal como única alternativa para entrar a trabajar en España. El riesgo es que ello se traduzca en una mayor presión inmigratoria clandestina, como ya sucedió en el pasado. La nueva situación exige, en cualquier caso, un incremento de las medidas de control en costas y fronteras, así como contra las mafias que trafican con personas.