Corbacho se queda solo en Cataluña con la supresión de contratos en origen

ABC, 05-09-2008

A. SANTOS/J. C. VALERO

MADRID/BARCELONA. A tenor del alud de críticas recibidas, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hecho un brindis al sol con su propuesta de suprimir los contratos de inmigrantes en origen como una vía para reducir el paro en España. Las críticas le han llovido tanto desde los agentes sociales (sindicatos y patronales) como del gobierno de Cataluña y los partidos políticos, por relacionar paro con inmigración y ante la necesidad de mantener este tipo de contratos de inmigrantes desde sus propios países de origen en sectores como la agricultura, donde los parados nacionales no cubren las temporadas.

La supresión de esta modalidad de contratación, que «es la más transparente y eficaz», a juicio de Joan Pujol, secretario de la patronal Fomento del Trabajo, favorecerá la economía sumergida y la inmigración ilegal. Además, los sindicatos dudan de que los trabajadores nacionales acepten los empleos agrícolas que hasta ahora se ofrecen mediante la fórmula de la contratación en origen. Ese es el caso de la recogida de la fruta en Lleida.

Alarma por los temporeros

El responsable de Temporeros e Inmigración del sindicato catalán Unió de Pagesos, Joan Josep Vergés, explicó ayer que su organización no tiene problemas en realizar un esfuerzo suplementario para conseguir que aumente la contratación de parados, pero considera que será muy difícil que se pueda conseguir un volumen de trabajadores tan alto como el de las contrataciones en origen. Hasta el 31 de julio se habían efectuado en Lleida un total de 5.268 contratos de estas características, 3.000 de ellos sólo en la recogida de la fruta.

«Hay muy pocos parados autóctonos que quieran venir a trabajar a la fruta porque muchos viven en la ciudad y tendrían que dejar sus casas durante tres o cuatro meses para irse a trabajar al campo y convivir con gente de otros países», señaló Vergés a Efe. El mismo sindicato reveló que sólo un tercio de los parados de Lleida a los que les ofreció contratos temporales en el campo accedieron a trabajar.

La secretaria para la igualdad de UGT, Almudena Fontecha, criticó la «deriva que empieza a ser constante y preocupante por parte del ministro de relacionar el aumento del desempleo con la inmigración». Añadió que «es casi como si se responsabilizara a los trabajadores inmigrantes de una situación que ellos mismos son los primeros en sufrir».

En este sentido, el secretario de Migraciones de CC.OO., Julio Ruíz, advirtió que «no se puede introducir a la inmigración cada vez que se habla de crisis» y que dejar de contratar inmigrantes en los países de origen «disparará el empleo sumergido». El rechazo al proyecto de Corbacho también se ha visto reflejado en las asociaciones de inmigrantes. Dura Aguirre, presidenta de la Asociación Hispanoecuatoriana Rumiñahui, explicó a ABC que «la ruptura de los acuerdos bilaterales supone eliminar la única vía de entrada legal y por tanto, fomentar la movilización irregular».

Las empresas de trabajo temporal son, en muchos casos, las encargadas de buscar a los inmigrantes en sus países de origen. De hecho, un 34,1% de los contratos de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) se realizan con ciudadanos extranjeros. De estos contratos, que en buena parte seráin afectados por el proyecto, casi la mitad se celebran con marroquíes, ecuatorianos, colombianos o peruanos.

Apoyo del PP

En relación con la iniciativa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se alegró de que el Gobierno haya admitido que «la capacidad de acogida de España no es ilimitada» y pidió que «no vuelvan a utilizar frases como papeles para todos». Por su parte, ICV, PNV, CC, CiU y ERC criticaron la intención del ministro y solicitaron al Gobierno «realismo» para afrontar que los inmigrantes no tienen culpa del paro y que habrá sectores donde si haga falta su trabajo.

Por otra parte, la escalada de la inflación de este año ha agudizado la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España cinco décimas por debajo del IPC interanual de agosto, que se situó en el 4,9%.

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