Cuando se habla de inmigración, la primera imagen que se viene a la mente es la del hombre negro bajando de un cayuco en cualquier puerto del Archipiélago. La inmigración puede confundirse como sinónimo de clandestinos, de «sin papeles». Pero no siempre es así.
Existe la otra cara del inmigrante, la del regular. El que llega a las Islas a bordo de un avión que aterriza en cualquiera de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma. Son muchos los ciudadanos no comunitarios que comparten su día a día con el resto de la sociedad del Archipiélago, cumpliendo con sus deberes y obligaciones como cualquier otro canario que tiene fijada su residencia en las Islas, si bien, en muchos casos, olvidan sus deberes y no disfrutan de sus derechos.
Llegados de Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Cuba, Chile o de cualquier otro lugar de la geografía no perteneciente a los veintisiete de la comunidad europea, miles de personas inmigrantes con sus papeles en perfecto estado han construido su vida en una de las siete islas del archipiélago canario, dejando atrás un cúmulo de necesidades, sinsabores, batallas perdidas o sueños sencillamente irrealizables en su lugar de origen.
A bordo de un avión han comenzado la aventura poniendo rumbo a las Afortunadas creyendo encontrar una oportunidad para mejorar su condición de vida, aspirar a aquello que por derecho les pertenece. Saben que otros lo han intentado y lo han conseguido.
Normalmente, las personas que deciden abandonar su país dejando atrás familias, amigos y fracasos lo hacen por una necesidad imperiosa. El hambre o la falta de dinero para pagar un techo en el mejor de los casos les impulsan a encontrar soluciones en otros lugares del mundo donde saben que se vive mejor. En ocasiones a las personas que lo están pasando mal les puede la desgana y la idea de no poder salir del pozo en el que se ahogan.
Diego R.M., un colombiano que lleva nueve años viviendo en Tenerife, y haciendo uso de la memoria y del recuerdo dejado por algún conocido o amigo, recuerda lo «insoportable» que era afrontar otro día, encarar una mañana nueva sabiendo que se debe tres meses de alquiler, no se tiene trabajo ni indicios de hallarlo y ni siquiera unas cuantas monedas para poder comer. Mejor comenzar en otro lugar desde cero, con necesidades pero con esperanzas en un futuro.
Y parten…
Una vez que han llegado al jardín del Atlántico la realidad es otra a la que pensaban. Para empezar, no siempre son recibidos con los brazos abiertos. Muchos inmigrantes recién llegados manifiestan sentirse rechazados y tratados como delincuentes a pesar de haber completado todos los trámites de forma estrictamente legal.
En algunas ocasiones, son tratados como una amenaza para la sociedad a la que quieren integrarse. Karina, una inmigrante ecuatoriana llegada con contrato de trabajo, recuerda, volviendo la vista seis años atrás, las miradas de sus compañeras de trabajo cuando desempeñaba las labores de camarera de piso en un complejo de apartamentos en el sur de la isla de Tenerife: «Me llegaron a decir que por las que vienen de fuera y lo poco que están dispuestas a cobrar, muchas de aquí no conseguían trabajo y otras se han quedado sin él. Cobraba lo que me pagaban, no sabía cuanto me pertenecía por mi horario laboral. En un principio desconocía la cantidad, después me informaron».
A la experiencia de encontrarse en un país desconocido con unas costumbres y hasta una lengua diferente se le une el desconocimiento de las normas, deberes y derechos.
Tanto obligaciones como derechos se encuentra claramente especificados en la Ley de Extranjería existente en España que pretende equiparar a los inmigrantes con los ciudadanos españoles para favorecer su integración en la sociedad. Para ello les reconoce y garantiza los principales derechos humanos, al tiempo que adquieren sus mismos deberes.
Sin embargo y pese a lo que la ley dicta, muchas asociaciones de inmigrantes regularizados en Canarias confluyen en prácticamente los mismos motivos de denuncia. La mayoría coincide en prácticamente las mismas quejas: recibir un trato discriminatorio en la consecución de un trabajo, alquiler de un piso o acceso a la educación. A las inmensas dificultades que tienen que hacer frente para su regularización se suma la casi imposibilidad para acceder a los recursos destinados para la inmigración.
Son muchos los inmigrantes regulares los que manifiestan su descontento por lo difícil que les resulta conocer sus deberes y derechos. A esto se le añade las innumerables trabas para la homologación de sus títulos profesionales y desconocimiento total de su experiencia laboral en los países de procedencia.
Deberes
Los deberes de los inmigrantes con permiso de residencia en el país son prácticamente iguales a los deberes de los españoles. Cuando una persona inmigrante decide formar parte de la sociedad en la que se encuentra acepta cumplir las leyes del lugar en el que reside, respetar sus costumbres, pagar impuestos, cotizar a la seguridad social e integrarse plenamente en el conjunto de la sociedad.
Todas estas condiciones forman parte de la Ley de Extranjería existente. Sin embargo, no se entiende desde algunas asociaciones que, siendo así, estas normas se conviertan en propuestas políticas ante la proximidad de elecciones, consiguiendo con ello una respuesta de rechazo del resto de la ciudadanía ante las personas inmigrantes.
Gran número de ciudadanos desconoce el contenido de la ley, porque simplemente no les ha hecho falta conocerlo y pueden llegar a pensar que los que comparten el día a día en su ciudad, llegados desde otras tierras, están exentos de obligaciones y de ahí la necesidad expresada en mítines políticos y rechazada por el colectivo inmigrante. Se niegan a ser usados como contenido electoral.
Derechos
En el capítulo de derechos, las cosas son diferentes. Los deberes se podría decir que están claros: los derechos no se suelen conocer del todo y en ocasiones, aunque se conozcan, brillan por su ausencia.
Según la Ley de Extranjería, los inmigrantes regulares tienen los mismos derechos que los reconocidos en el Capítulo I de la Constitución a los españoles. Los extranjeros con permiso de residencia gozan de los derechos de reunión, manifestación y asociación. Pueden sindicalizarse o afiliarse a una organización profesional, pudiendo ejercer el derecho de huelga. Además la ley contempla que los extranjeros en situación legal en España pueden trabajar por cuenta propia o ajena y acceder al Sistema de Seguridad Social.
En Canarias, las distintas asociaciones de inmigrantes reclaman el descuento en el transporte al que tienen derecho los residentes canarios. Son muchos los que por razones de trabajo o de otra índole se ven obligados a viajar a otras islas o hacia la Península, lo que le supone un gasto muy superior a sus posibilidades porque, teniendo permiso de residencia, no son considerados residentes de la Comunidad Autónoma y no se les aplica el 50 por ciento de descuento en el transporte establecido por el Real Decreto 1316/2001.
En noviembre del 2007, el Senado aprobó una iniciativa que instaba al Gobierno a que, a partir del 2008 los descuentos en las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo y marítimo para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se extendieran a los ciudadanos extra comunitarios regularizados. Pero lo cierto es que pasado el ecuador del año 2008 estos descuentos aún no se están aplicando a este colectivo.
Quienes deciden abandonar su país dejando atrás familia y amigos lo hacen por una necesidad imperiosa _ Los deberes en su nuevo país los tienen claros, pero no así los derechos, como el del descuento en el transporte, todavía sin ser efectivo para todos
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