El día a día del Raval, máximo exponente de la Barcelona mestiza con un 47,7% de población inmigrante, no guarda simetría con sus noches. Según un estudio de la Universidad de Barcelona (UB), inundan los locales de ocio nocturno jóvenes de 25 a 35 años, universitarios o profesionales liberales y, sobre todo, de nacionalidad española y clase media. En otras palabras, no se ven a inmigrantes tomando copas. Esto se debe a que los bares del centro de la ciudad utilizan «de manera sistemática» el derecho de admisión como técnica de discriminación racista, según han detectado Manuel Delgado y Jordi Carreras, del Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales de la UB, tras un trabajo de campo. Los autores del informe han tomado nota durante diez meses de cómo actúan numerosos locales del Raval ante los «extranjeros pobres». Conclusión: los dejan fuera.
Marroquíes y argelinos son los que más sufren esta práctica, según la cuál no se les permite la entrada por asociárselos con delincuencia o sensaciones de «inquietud, contaminación y peligro». Para impedirles el paso, los bares utilizan al clásico «segurata» o bien optan por cerrar las puertas y sólo abrirlas ante la clientela deseada, según constata el estudio.
Pagan «justos por pecadores»
«Esto se da hace muchísimos años», denuncia el presidente de la asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alamí Susí, que a la sazón acaba de enterarse de la existencia del informe y pregunta si se debe a algún acontecimiento en particular. «Por muy bien vestido que vayas y muy educado que seas, por ser magrebí no te dejan entrar». Alamí concede «una pequeña parte de razón» a este proceder, ya que reconoce la existencia de «unos sinvergüenzas, un cero coma algo por ciento» de individuos de estas nacionalidades que sí causan problemas y hacen pagar «a justos por pecadores». No obstante, llama la atención sobre «la nula formación» del personal de seguridad «no son vigilantes, son matones» y denuncia que con estos desmanes «se está poniendo la semilla para que ocurra lo que ha ocurrido en Francia».
Al secretario general de la Federación de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), Fernando Martínez, le parece «muy raro» que a día de hoy se actúe de esta manera. «Es ilegal, si hubiera alguna denuncia podría constituir un delito de xenofobia, con condena de prisión incluso, está muy penado», recuerda. Aunque reconoce que «cada local autorregula su propio público» y que los criterios de admisión son siempre «subjetivos», Martínez insiste en que discriminar únicamente por motivo de raza es un delito. «Otra cosa es que a un magrebí no le dejes entrar por conflictivo, porque ves que roba carteras en las Ramblas, porque vende hachís…», enumera. Según añade, «muchas veces coincide, lamentablemente». No obstante, niega que se impida la entrada a los inmigrantes «por sistema».
La sombra de Wilson Pacheco
No es ésta la opinión de Isabel Martínez, portavoz de SOS Racismo. «Hace veinte años que lo trabajamos, es un tema recurrente en las denuncias que vamos recibiendo», señala. Según Martínez, los criterios de admisión mantienen «cierta discrecionalidad» y sí se dan directrices racistas «pero no están por escrito». Los bares llevan a cabo «prácticas discriminatorias» y «estigmatizan a determinados colectivos», defiende, llegando a la violencia en algunos casos. Martínez recuerda el caso de Wilson Pacheco, que murió en el 2002 a manos de los porteros de la discoteca Capirinha, del Maremágnum. Tras la condena de trece años de cárcel para los tres vigilantes de seguridad que participaron en los hechos, SOS Racismo lamentó que el fallecimiento del ecuatoriano no sirviera «para modificar la conducta de algunos profesionales del ocio nocturno». Según la entidad, seis años después ciertas actitudes no han cambiado.