Se ha convertido en una práctica habitual que se lleva a cabo al amparo de un uso irregular de la norma y que esconde presuntas actitudes racistas. Consiste en no permitir el acceso a inmigrante – principalmente marroquíes y argelinos- a ciertos bares de moda del Raval ejerciendo de modo arbitrario el derecho de admisión. Lo pone de manifiesto un estudio realizado por el Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (Grecs) de la Universitat de Barcelona (UB), que da cuenta de las técnicas utilizadas para filtrar la clientela de modo que no puedan entrar a los establecimientos personas que, a juicio de sus responsables, pueden molestar al público habitual, formado por jóvenes de entre 25 y 35 años, españoles o extranjeros de países ricos, de clase media y con estudios universitarios.

La investigación se llevó a cabo a lo largo de diez meses entre el 2006 y el 2007 y acaba de publicarse. Abarcó inicialmente 68 locales pero acabó centrándose en cuatro de ellos, situados en los alrededores de la rambla del Raval y la conocida como illa Robadors. Todos responden a un modelo de local dirigido a un público modernillo,según la terminología empleada en el estudio; es decir, que no son precisamente locales de inmigrantes. El trabajo no se detiene en los aspectos cuantitativos del fenómeno de la exclusión de los magrebíes en los bares de este tipo, puntualiza el antropólogo Manuel Delgado, autor junto a Jordi Carreras de la investigación, sino en los cualitativos. “Hemos tomado como referencia una muestra deliberadamente restringida – explica- porque lo que nos ha interesado es conocer qué argumentos se utilizan en estos locales para impedir la entrada a los inmigrantes”. Delgado recuerda que barrar el acceso a un establecimiento público por razón de raza o de lugar de nacimiento es ilegal.

Entre las estrategias más comunes está la actuación de los porteros que seleccionan a los clientes antes de que entren en el bar o simplemente el cierre de puertas y la necesidad de tocar un timbre para acceder. “Luego dicen que está lleno o que la entrada es de 30 euros cuando en realidad es libre”, explica el coautor del estudio. En otros casos se alega que la indumentaria no es la adecuada o que el establecimiento está cerrado porque se celebra una fiesta privada. También se dan situaciones en las que el inmigrante entra en el bar pero, una vez dentro, es objeto de una vigilancia extrema con el objeto de poder echarle aduciendo cualquier aspecto amparado por el derecho de admisión. El estudio recoge la elocuente respuesta del propietario de uno de los locales estudiados: “Ese moro no entra aquí – dijo-. si se pone tonto llamo a la policía y digo que no ha querido pagar o que molestaba a los otros clientes. Será su palabra contra la mía y siempre me creerán a mí antes que a ese maleante”.

En cualquier caso, destaca Delgado, “se aprovecha al máximo la ambigüedad del decreto que regula este derecho”, siempre en contra del inmigrante, algo que con el resto de clientes no ocurre. Y más aún cuando el afectado a menudo se encuentra en una situación de “indefensión legal” ya que muchos inmigrantes no tienen los papeles en regla o sencillamente desconocen sus derechos. Por ello, el estudio aboga, entre otras medidas, por modificar la normativa, hacer un seguimiento de las denuncias que se produzcan y endurecer las sanciones.