El Consell quiere que los inmigrantes sin papeles que lleguen a la Comunitat aprendan los idiomas oficiales, al menos, en lo que se refiere a las nociones básicas. Así, los extranjeros en situación ilegal podrán disponer de conocimientos de valenciano y castellano, al menos, de forma rudimentaria, lo suficiente para poder expresarse en caso de necesidad. Y eso a pesar de que los indocumentados suelen contar con una orden de expulsión que les obligará a retornar a su país en varias semanas, aunque en algunos casos los procesos se pueden alargar.

La medida, ya contemplada en el polémico compromiso de integración para todos los extranjeros en situación legal, se amplía de esta forma a aquellos que se encuentran en situación irregular. La idea del Consell es que las ayudas que ofrece a los extranjeros recién llegados y con los papeles en regla puedan otorgarse también a los ilegales que carecen de trabajo o residencia.

Las subvenciones que pueden recibir los inmigrantes se concretan en el proyecto de Ley de Integración que en septiembre se tramitará en Les Corts. Además de la atención básica, sobre todo en materia sanitaria, a los ilegales se les orientará sobre sus derechos o deberes y se les informará del funcionamiento de los servicios sociales de la Comunitat, según explicaron desde la Conselleria de Inmigración.

La ampliación de la cobertura de las ayudas se ha realizado tras el estudio de las alegaciones y recomendaciones presentadas al proyecto de ley por diferentes asociaciones que trabajan con el colectivo inmigrante. “Gracias al consenso alcanzado con numerosas asociaciones y con los órganos consultivos, se ha cambiado su ámbito de aplicación y cualquier nacional de terceros países que se encuentre en la Comunitat es beneficiario de la misma, al margen de su situación administrativa”, tal y como explicaron desde el departamento que dirige Rafael Blasco.

La iniciativa suscita la siguiente reflexión, teniendo en cuenta que cuando la Administración detecta a un inmigrante ilegal la medida que se toma, por regla general, es la orden de expulsión. Entonces, ¿qué sentido tiene formar a personas que van a volver a su país? “La orden de expulsión ni se establece ni se llega a aplicar siempre. Puede darse el caso de que la policía decrete la expulsión de una persona pero que esa orden sea levantada por un juez”, según explicó Luis Poveda, de Red Sahel para la Integración. Puede ocurrir, por ejemplo, que la persona se acoja a la figura del arraigo, una vía extraordinaria para conseguir la residencia en la que es necesaria una estancia de tres años en España, además de probar con documentos oficiales que la integración ha sido efectiva.

También se puede dar el caso de que la orden no se llegue a ejecutar. Por ejemplo, muchos de los inmigrantes instalados bajo el puente de Ademuz de Valencia, desalojados el pasado verano, permanecían en la ciudad al no formalizarse el proceso de devolución a los países de origen. Y mientras tanto, estos pueden tratar de acogerse al procedimiento de arraigo si cumplen los requisitos. También podrán beneficiarse aquellos que estén a la espera de conseguir un permiso de trabajo o de residencia.

Inmigrante ilegal es la forma peyorativa de referirse a una persona que entra en el país sin disponer de ningún tipo de autorización. Para la atención básica de los recién llegados, como la sanitaria, la ley pone a su disposición los servicios que se ofrecen en los centros de acogida, que en el actualidad suman 542 plazas, según fuentes de Inmigración.

Rafael Blasco, el conseller responsable, destacó que la ampliación del ámbito de aplicación se debe a que los inmigrantes “pueden estar sin papeles pero no sin derechos”, y destacó que la ley es la primera iniciativa legislativa en España que favorece la integración “primando el mantenimiento de la identidad propia de la Comunitat”.

La medida ha sido bien acogida por las asociaciones que operan en la región. Desde Red Sahel, una de las más combativas ante las políticas autonómicas, explicaron que “les parece bien”, aunque recordaron que las entidades dedicadas a la atención de extranjeros ya llevan tiempo ofreciendo este tipo de iniciativas formativas a los inmigrantes que acuden a sus centros, sean legales o indocumentados.

La Ley de Integración contempla más facilidades, como ayudas para acceder a una vivienda a aquellos que estén empadronados, o medidas para garantizar la “plena escolarización” de los menores. Para poder desarrollarla, el Consell incluirá en los presupuestos de la Generalitat una partida específica destinada a favorecer la integración. La previsión es que el proyecto de ley pueda aplicarse antes de que termine el año.


Compromiso voluntario

Según explicó el conseller, más de 50 organismos, “entre asociaciones, oenegés, sindicatos y entidades sociales” han sido consultados antes de iniciar su aprobación final. Además, señaló que 95 entidades han dado el visto bueno a las políticas de inmigración que lleva a cabo el Gobierno Valenciano. También argumentó que la ley cuenta con el visto bueno del Comité Económico y Social y del Consell Jurídic Consultiu, al considerar que “no menoscaba ni los derechos ni deberes de los inmigrantes”.

Uno de los aspectos más peliagudos de la norma ha sido el compromiso de integración, entendido como un contrato que establecía una serie de derechos y obligaciones del inmigrante instalado en la Comunitat. El compromiso será de carácter voluntario y consistirá en un curso de formación basado en materias como el conocimiento de las lenguas o de la cultura valenciana.