Tras el rechazo expresado en las urnas a mediados de 2005 al Tratado de la Unión Europea por parte de Francia y Holanda, los Gobiernos de los 27 estados miembros se volcaron en negociar un nuevo texto, nuevamente a espaldas de la ciudadanía, que ha dado como fruto el nuevo Tratado de Lisboa. Un Tratado de Reforma que mantiene los mismos objetivos que el anterior, ya que está diseñado al dictado de las multinacionales y de los estados: ignora la realidad de los pueblos sin estado que somos parte de Europa, profundiza en el sometimiento de los servicios públicos a las leyes del mercado, garantiza la libre competencia y la libertad de movimientos del capital y ahonda en la precarización laboral.

En esta ocasión, además, a fin de evitar contratiempos como los de hace tres años, los gobernantes han decidido ratificarlo en los parlamentos de los países miembros, sin someterlo al refrendo de la ciudadanía. Había una única excepción: Irlanda. Éste ha sido el único estado de la UE donde su ciudadanía ha podido opinar y el 53,4% de quienes acudieron a las urnas votaron en contra del modelo de Europa que pretenden imponernos. Hay que subrayar en este sentido la firme oposición, expresada en las calles en los días previos, de grandes segmentos de la clase trabajadora, de los pescadores y los pequeños agricultores, y ello pese a que todos los partidos del arco parlamentario irlandés (salvo el Sinn Féin), todo el empresariado y el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) pidieron el voto favorable.

Tras el «no» irlandés al Tratado, una vez más, la falsa careta de demócratas se les ha caído a quienes dirigen los hilos de la UE, ya que a pesar de que el Tratado prevé que no puede entrar en vigor si no es ratificado por todos los estados miembros, han decidido seguir adelante con los procesos de ratificación. Para cambiar la situación creada por el rechazo irlandés se están barajando tres opciones, a cada cual más cuestionable desde un punto de vista democrático: 1) Renegociar el Tratado de Lisboa, harto complicado; 2) Realizar un nuevo referéndum en Irlanda para que triunfe el «sí», lo cual dejaría en evidencia a gobernantes irlandeses y europeos; 3) Lograr la ratificación de los parlamentos de los 26 estados miembros, aislando a Irlanda, a fin de presionarla.

Lo expuesto demuestra la falacia que se esconde tras el concepto de «democracia» que blanden dirigentes como Durao Barroso o Sarkozy, dado que sólo aceptan la opinión de las gentes que conforman Europa si sirve para legitimar su proyecto, económico, social y político, ninguneándola en caso contrario.

Esta directiva criminaliza y convierte en delito el hecho de venir a Europa a trabajar huyendo de la miseria, y las personas inmigrantes dejan de tener las mínimas garantías jurídicas que deben asistir a todo ser humano. Esta directiva no es un hecho aislado, porque se viene a sumar a otra serie de medidas de flagrante vulneración de derechos que están llevando a cabo algunos gobiernos como el italiano, donde además de arengar a la «caza de los sin papeles» desde las instancias del poder, se apuesta por estigmatizar y criminalizar a determinadas minorías. Claro ejemplo de ello es la intención de crear ficheros policiales sobre las personas de etnia gitana por parte del Gobierno de Berlusconi. Por desgracia, podemos afirmar que la xenofobia y el racismo están asentándose en el poder en Europa, con el peligro que ello supone.

Pero que nadie se llame a engaño: este recorte de libertades que hoy afecta a inmigrantes y romaníes en Europa es un primer paso, que pueden extender en adelante a otros sectores de la población, según criterios de oportunidad política. Por tanto, afecta a toda la ciudadanía, y todos y todas deberíamos hacerle frente.

Esta medida supone, entre otras cosas, un flagrante ataque a la negociación colectiva, porque la posibilidad de ampliar la jornada a las 65 horas semanales se deja en manos de «acuerdos individuales» entre empresario y trabajador, acuerdos que podrían llegar a vulnerar lo establecido en un convenio o pacto colectivo. Además, los mandatarios de la UE mienten cuando dicen que los acuerdos serán voluntarios, porque a nadie se le escapa que el empresariado hará uso del chantaje y la coerción hacia las y los trabajadores más vulnerables, que son quienes padecen diariamente la precariedad, con el objetivo de que acepten estas jornadas laborales abusivas, bajo amenaza de despido si se oponen a las mismas. Asimismo, la conciliación de la vida laboral y familiar, con jornadas semanales de 60 o 65 horas se convierte en una utopía.

No obstante, la citada directiva es una medida más que viene a ahondar en un mercado de trabajo cada vez más precario, debido a las políticas antiobreras que se están llevando a cabo en Europa. Una Europa en la que empresarios sin escrúpulos pueden mantener sueldos de miseria (700 euros), que son los que perciben muchas de las trabajadoras de la empresa Indusal en Arrigorriaga, aunque el sistema salarial se base en la discriminación de género, porque algunas cobran por un trabajo similar al de los hombres 300 euros menos por el mero hecho de ser mujeres. Estas trabajadoras llevan más de un mes de huelga sin que las instituciones públicas (Gobierno Vasco, Emakunde, etc.) hagan nada por solucionar este conflicto, salvo enviar a la Ertzaintza a reprimir a las trabajadoras.

Una Europa en la que es legal que ante el uso del legítimo derecho de huelga, como al que han recurrido los trabajadores de Fagor Mastercook en Polonia, que cobran salarios muy por debajo de la media de su país, la Dirección de la empresa amenace con deslocalizar la misma a Ucrania o Rusia con el único objetivo de sacar mayores réditos a la explotación descarada de la mano de obra.