Cocineras y camareras filipinas o trabajadores uzbekos han estado sin seguro y cobrando sueldos de entre 400 y 670 con jornadas de 10 horas Dos empresas contratadas por el Ministerio de Defensa para encargarse de cocinar y servir la comida a los soldados y del mantenimiento de las bases españolas de Herat y Qala – e – Now, en Afganistán, tienen empleados inmigrantes que a menudo no disponen de contrato ni seguro, trabajan 10 horas al día y cobran un sueldo que oscila entre los 400 y los 670 euros al mes. Hay rumanos, uzbekos, latinoamericanos, moldavos y, sobre todo, filipinas.

En todos los casos, los trabajadores viajan directamente desde su país de origen hasta Afganistán, y en España no figuran en ningún registro. En el caso de las empleadas filipinas, además, son fichadas en su país a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), a pesar de que la ley de contratos de las administraciones públicas prohíbe que el Gobierno – y, por extensión, una empresa subcontratada – firme contratos de servicios con ETT, según fuentes jurídicas consultadas.

Fuentes del Ministerio de Defensa se lavaron las manos replicando que «la responsabilidad de los trabajadores es de la propia empresa, y el Ejército de Tierra pone límites por motivos de seguridad». Aun así, también añadieron que el Ejército vigila que la ley se cumpla, y que los trabajadores de las bases españolas en Afganistán tienen contrato y seguro de trabajo, su jornada laboral es la estipulada y los salarios, los adecuados a su categoría. Sin embargo, documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO pone en duda todo eso.

Los inmigrantes trabajan para la unión de empresas Tecnove y Ucalsa, que en 2004 también saltaron a la prensa por tener empleados extranjeros sin contrato en la base de Diwaniya, en Irak, cuando Federico Trillo, del PP, era ministro de Defensa. Entonces, ambas empresas aseguraron que no cometían ninguna irregularidad porque su contratación cumplía la legislación iraquí. Ahora, Tecnoucal (nombre con el que se conoce la unión temporal de ambas compañías) justifica que se ajusta a la legislación laboral de cada uno de los países de origen de los extranjeros empleados, según ha asegurado Félix de la Mata, director de Multiservicios de esta unión de empresas.

Cuando la ministra de Defensa, Carme Chacón, viajó a Afganistán el pasado 19 de abril, las trabajadoras filipinas de la base de Herat le obsequiaron con un peluche para su futuro bebé. Posiblemente, la ministra no sospechó entonces la situación de esas inmigrantes. Al personal filipino en Herat – la mayoría, mujeres – lo contrata una ETT de su país, The Calerey Manpower and Training Services. Dicha empresa selecciona a las trabajadoras y cobra una comisión mensual a Tecnoucal por los servicios prestados.

El artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dice en su punto 3 que la Administración «no puede celebrar contratos de servicios con empresas de trabajo temporal salvo en el supuesto de realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos».

Las empleadas filipinas – sólo en Herat hay unas 17 – son, sobre todo, limpiadoras y camareras con un sueldo de 600 a 1.000 dólares al mes (de 400 a 670 euros) por 52 horas semanales de trabajo. Por lo tanto, se está incumpliendo la ley.

Fuentes de Defensa replicaron que la adjudicación de la contrata a Tecnoucal se rige por la Ley 30/9, pero ese texto legislativo dice en su artículo 15 que, en caso de que la Administración ceda la gestión de una actividad a una empresa, debe ajustarse a «la legislación correspondiente de contratos del Estado».

«Si vas a Filipinas a contratar empleados por 600 dólares al mes, no encuentras gente ni para trabajar en Dubai», contesta el empresario Félix de la Mata para desmentir que las inmigrantes estuvieran cobrando esa miseria. Sin embargo, documentos que ha obtenido este diario – y que se reproducen arriba – lo corroboran.

LOS DOCUMENTOS DEL ESCANDALO

Seiscientos euros al mes. A la izda., el anexo de un contrato realizado en junio a un inmigrante por Tecnoucal, donde se especifica que el sueldo es de 600 euros y que, si deja el trabajo antes de lo pactado, deberá correr con los gastos de regreso a su país. A la dcha., una de las facturas emitidas por la ETT filipina.