Hoy desvelamos un asunto que, además de suponer un escándalo político, provoca sonrojo. Según ha podido saber EL MUNDO, dos empresas contratadas por el Ministerio de Defensa han dado empleo en los últimos años a cientos de inmigrantes sin hacerles ni contrato ni seguro, y han subcontratado a otros muchos a través de una ETT, todos ellos destinados a las dos bases militares españolas en Afganistán – Herat y Qala – e – Now – para trabajar como encargados de mantenimiento, cocineros y camareros. Sin sus papeles en regla, y por sueldos que oscilaban entre los 400 y los 670 euros, hacían jornadas de 10 horas. Tecnove y Ucalsa, las dos empresas contratadas por Defensa – y que ya saltaron a los medios en 2004 por un caso similar – alegan que cumplían con la normativa de los países de origen de los trabajadores. La excusa es inadmisible, pero es que, además, también se infringía la legislación española, ya que la Ley de contratos de la Administración prohíbe al Gobierno – y por extensión, a sus entidades subcontratadas – firmar contratos con una ETT. La mayoría de estos empleados sólo empezaron a ver regularizada su situación tras trascender las injustas condiciones en que trabajaban. Defensa debe abrir una investigación inmediata y depurar responsabilidades. Lo ocurrido no sólo mina la imagen del Ejército y de nuestras operaciones en el exterior, sino también la del propio Estado de Derecho, que no puede amparar prácticas discriminatorias propias de tiempos remotos.