Para el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, las repatriaciones de inmigrantes subsaharianos, como la que llevaban a cabo los policías que tuvieron que pernoctar en Nigeria por falta de vuelo de vuelta, son «una de las decisiones más difíciles». No obstante, el Ejecutivo defiende esta fórmula ante la avalancha de «sin papeles» en los cayucos que llegan a las costas españolas. Hace unos meses, el propio titular de Interior señalaba la necesidad de repatriar a los extranjeros indocumentados. «Si somos laxos –señaló– primero fomentamos las mafias y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare». El resto de países de la Unión Europea sigue una política parecida. Una directiva europea aprobada el pasado mes de junio permite a los estados retener a los inmigrantes irregulares, hasta 12 meses. La normativa, que votó favorablemente el Gobierno español, también prohíbe a los inmigrantes expulsados regresar a territorio europeo en los cinco años siguientes a su repatriación.  La norma no será vinculante hasta pasados dos años de su aprobación, pero coincide con la política que sigue la mayoría de los países más afectados por la inmigración irregular.
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