El Gobierno está satisfecho con la política de control de la inmigración ilegal que está llevando a cabo. Entre otras cosas porque cree que está dando frutos, ya que los datos son positivos para los intereses de las autoridades. Durante los primeros siete meses de este año, el número de ciudadanos extranjeros detenidos a bordo de embarcaciones ha descendido un 9,11% con respecto al año anterior y un 58,9% con relación al 2006, según datos facilitados por la secretaria de Estado de Inmigración. Aunque la llegada de pateras no cesa, las cifras actuales distan mucho de las registradas años atrás y el fenómeno se ciñe a los subsaharianos, debido a que los marroquíes casi han dejado de embarcarse rumbo a las costas españolas.

El descenso es especialmente significativo en Canarias, donde hasta el pasado 31 de julio habían llegado 4.939 inmigrantes en cayuco, un 13% menos que en el 2007 y un 64% menos que en el 2006, año que sorprendió al Gobierno, que creía tener controlada la situación después de impermeabilizar las fronteras de Ceuta y Melilla y blindar el Estrecho con el sistema de radares.

Fue ese año, precisamente, cuando España se plantó ante la Unión Europea para exigir que se pusieran los recursos necesarios para cerrar la frontera, a través de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (Frontex). Más medios materiales y humanos han permitido a España cerrar el paso a muchos inmigrantes, que ahora se tienen que jugar la vida con mayores peligros. También ha dado fruto el trabajo diplomático desarrollado con los países de partida de los cayucos, sobre todo Marruecos, Mali, Senegal y Mauritania, con los que España ha firmado varios acuerdos de colaboración y cooperación.

El golpe militar que el 6 de agosto acabó con el Gobierno democrático de Mauritania fue recibido con cierto temor por las autoridades españolas. Sobre todo, por las implicaciones políticas que representa y porque suscita incertidumbre sobre si el gobierno golpista tiene intención de mantener los acuerdos suscritos en materia de control de la inmigración. Sin embargo, “a día de hoy no parece que haya cambiado y no hay datos que nos indiquen que las cosas vayan a cambiar en ese sentido”, señala un portavoz de Asuntos Exteriores.

Este conjunto de actuaciones ha traído consigo no sólo el descenso del número de embarcaciones que llegan a las costas canarias, sino también la disminución en el número de viajeros. Según los datos facilitados por el subdelegado del Gobierno en Canarias, José Antonio Batista, la ocupación de los cayucos llegados al archipiélago ha descendido de los cien ocupantes, como media, a 65. Además, de los cinco llegados los primeros días de agosto, sólo uno alcanzó por sí solo la costa canaria. Los otros cuatro fueron descubiertos por las fuerzas de seguridad españolas y de los países de los que parten, “prácticamente” desde la salida. El Gobierno mantiene la línea política de apostar por la vigilancia de fronteras, combinada con los acuerdos de repatriación de inmigrantes, aunque muchas veces no sea a sus países de origen. Y ello pese a reafirmar su rechazo a la directiva de retorno de la UE, que, entre otras cuestiones, permite el internamiento, en centros de inmigrantes o en prisiones, por un tiempo máximo de 18 meses, así como la prohibición de que puedan regresar a la UE en cinco años. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dejado claro que “ni se ha aplicado ni se va a aplicar nunca en España. Nunca”.