La mayoría de los españoles relaciona el ‘boom’ migratorio con un aumento de la inseguridad ciudadana. Uno de cada dos condena la regularización masiva realizada por Zapatero en la pasada legislatura y es partidario de que la llegada en patera se considere delito, como en Italia. A pesar de ello, casi todos los encuestados se oponen a las medidas para frenar los flujos migratorios que van a poner en marcha la UE y el Gobierno. «A España que vengan con contrato». La frase, que ha popularizado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sirve para expresar el sentir de buena parte de los españoles. Inmigración legal y ordenada, sí. Pero los sin papeles y los que no tengan forma de ganarse la vida, que se queden en su casa. Miramos con desconfianza a los recién llegados, atribuimos al fenómeno migratorio el aumento de la delincuencia y consideramos que hay demasiados extranjeros en nuestro país.

Eso sí, esto no es Italia, donde dos niñas gitanas se ahogaron en el mar ante la indiferencia de los veraneantes. Aquí nos apresuramos a socorrer a los subsaharianos que llegan en patera a las playas, y condenamos, por restrictiva, la Directiva Retorno que acaba de aprobar la UE.

Por estar en contra, incluso nos oponemos a las medidas anunciadas por Corbacho para frenar los flujos migratorios. Pero no queremos compartir nuestros derechos sociales, que, solemos decir, los españoles hemos conseguido a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo.

Esto es, a grandes rasgos, lo que piensa sobre la inmigración un ciudadano medio a partir de los resultados de la encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO.

Una de sus principales conclusiones es que la mayoría de los entrevistados – el 68% – está convencida de que en España hay «demasiadas» personas que vienen de fuera. Así lo piensan, masivamente, los votantes del PP, pero también un 58% de simpatizantes del PSOE y un 44% de afines a IU. Cuanto mayor es la edad del entrevistado, es más acentuada la sensación de que somos muchos.

Si por los españoles fuera, cortarían el grifo a la inmigración. No lo dicen de esta forma tan directa, pero el 50% de los encuestados considera que la regularización masiva que llevó a cabo el Gobierno durante la pasada legislatura fue «un error». Apenas un 33% lo ve como «un acierto». E, incluso, el 34% de los votantes socialistas condena el proceso que emprendió José Luis Rodríguez Zapatero.

Muchos piensan que estamos sufriendo las consecuencias del papeles para todos y, así, el 66% cree ver una relación entre el aumento de los extranjeros y el incremento de la inseguridad ciudadana. Lo piensan, sobre todo, las mujeres, las más duras con la inmigración a lo largo de esta encuesta.

De hecho, al 48% de la población femenina le parecería bien seguir el ejemplo de Italia y que en España se considerara delito entrar sin la documentación exigida. Esta solución es respaldada sobre todo por los más jóvenes y por un 48% de la población en general.

Que los sin papeles son el blanco de todos los rechazos lo prueba el que aproximadamente la mitad de los consultados por Sigma Dos sea partidaria de privarlos del derecho a la sanidad pública y del derecho a la escolarización de sus hijos.

En otras palabras: uno de cada dos españoles culpa a los sin papeles de la masificación de las consultas y de las escuelas públicas y piensa que hay que cambiar el sistema vigente.

Lo sorprendente es que la población no sienta también que los inmigrantes amenazan su situación laboral. Y más ahora, en tiempos de crisis económica. Sólo un 37% de los entrevistados dice que los extranjeros les quitan puestos de trabajo, frente a una mayoría del 60% que no lo percibe así.

Más contradicciones: a pesar de la inflexibilidad mostrada hacia la inmigración irregular, no convencen algunas medidas diseñadas para combatirla.

Por ejemplo, el 61% está en contra de que en Europa se amplíe hasta 18 meses el plazo máximo que un sin papeles puede permanecer retenido en un centro de internamiento hasta que se tramita su repatriación. Y así lo proclaman tanto los votantes del PP como los del PSOE e IU, y tanto los hombres como las mujeres.

Por otro lado, es una considerable mayoría (el 67%) la partidaria de que los que llegan se comprometan por escrito a respetar nuestras costumbres. Es decir, apoyan el contrato de integración propuesto por el PP y rechazado recientemente por la mayoría del Congreso de los Diputados.

Y es curioso, porque esta iniciativa es respaldada también por el 60% de los que votaron al PSOE en las pasadas elecciones, a pesar de que este partido se ha opuesto al polémico contrato, que también suscribe ahora el 47% de los simpatizantes de IU.

Casi nueve de cada 10 entrevistados de todas las edades, sexos e ideologías sostiene que los extranjeros deben comprometerse a aprender castellano, aunque el 56% apunta que no deberían ser examinados sobre la Constitución.

El 40% sí piensa, por el contrario, que todo aquel que quiera residir en España debe aprenderse nuestras normas fundamentales; entre ellos, un 40% de socialistas, un 48% de populares y un 6% de seguidores del partido de Gaspar Llamazares.

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