Si algo evidencian los datos de la encuesta que hoy publicamos es que cuando las políticas migratorias resultan fallidas los más perjudicados son los propios inmigrantes. Una lección largamente ignorada por nuestros dirigentes, que deben tomar medidas con urgencia ante la percepción mayoritaria de la población – el 68% – , que considera que en España hay demasiados extranjeros y les responsabiliza del aumento de la inseguridad ciudadana.

Pese a que esta visión sobre nuestros nuevos vecinos peca de ser injusta, sin duda está motivada por el hecho de que el fenómeno migratorio se ha producido sin la necesaria planificación y en forma de aluvión, en tan poco tiempo que apenas ha permitido establecer mecanismos para una correcta integración. Los datos resultan contundentes: el 66% de los encuestados considera que el aumento de la delincuencia se debe al gran incremento de extranjeros de los últimos años; casi el 50% cree que son responsables de la masificación en las consultas médicas y en las escuelas públicas; y al 48% le parecería bien que cruzar nuestras fronteras sin la documentación adecuada fuera considerado un delito, siguiendo el cercano ejemplo de Italia. En esta valoración apenas hay diferencias entre votantes del PSOE y del PP, y para la mayoría estamos pagando las consecuencias de la errática política de papeles para todos, que con tanta ligereza fue adoptada en anteriores legislaturas. En concreto, uno de cada dos ciudadanos considera un grave error la regularización masiva que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en 2005.

Pero pese a todo lo anterior, los españoles no están en contra de la inmigración por principio. Antes al contrario, nuestra encuesta refleja su rechazo a las duras medidas para combatir este fenómeno, planteadas en los últimos meses desde el Gobierno y desde la UE. Así, el 61% de los encuestados se declara contrario a la directiva europea que permite ampliar hasta 18 meses el plazo de retención de sin papeles, mientras se tramita su repatriación, e igualmente se oponen a la propuesta del ministro Corbacho de elevar en nuestro país este periodo de 40 a 60 días, con el mismo fin. Y no parece haber acertado tampoco el titular de Trabajo con su intención de que los inmigrantes legalmente establecidos no puedan traer a sus padres, algo que al 60% de los ciudadanos les parece un auténtico despropósito.

De todo lo anterior se desprende una enorme preocupación social y el deseo de que la inmigración se aborde de una vez sin demagogia ni partidismos, fomentando una auténtica asimilación social. De hecho, el 67% apoya que se establezca un contrato de integración como el propuesto durante la pasada campaña electoral por el PP, y una inmensa mayoría cree también que quienes lleguen deben aprender nuestras costumbres fundamentales y a hablar en español.

Y cierto es que la actitud del Gobierno en este asunto ha cambiado sustancialmente esta legislatura, aunque Corbacho deba esforzarse mucho aún para trasladar sus propuestas a la opinión pública. Pero, ante todo, sigue siendo una asignatura pendiente empezar a abordar la inmigración como lo que es: uno de nuestros más acuciantes asuntos de Estado.