España ha dejado de ser una nación de emigrantes para acoger a cinco millones de extranjeros, y es el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe España ha vivido en los últimos 30 años un auténtico terremoto demográfico. La piel de toro ha mudado de un país del que salieron dos millones de emigrantes al territorio al que han llegado más de cinco millones de inmigrantes.

Atrás quedaron los gallegos que cruzaban el charco para hacer las Américas, los jornaleros que viajaban al sur de Francia para recoger la vendimia o los españoles que cogían el petate para trabajar en las fábricas suizas o alemanas y enviar dinero a sus familias.

Ahora, los pueblos de la Alcarria o Teruel se han repoblado gracias a la llegada de búlgaros y ecuatorianos; británicos y alemanes han tomado al asalto zonas de Alicante y Baleares; los turistas se han visto sorprendidos en Canarias por la llegada de cayucos hacinados de subsaharianos y en barrios emblemáticos del centro de Madrid y Barcelona, como Lavapiés o el Raval, cuesta encontrar a un residente español.

En tan sólo seis años, España se ha teñido de razas y culturas, y se ha convertido en el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe, únicamente superado por Estados Unidos (EEUU).

Ni el endurecimiento de la Ley de Extranjería con el Gobierno del Partido Popular (PP), ni la imposición de visados a países como Ecuador, Bolivia o Colombia, ni la entrada de Rumanía en la Unión Europea (UE) han hecho descender la riada anual de medio millón de inmigrantes con destino a España.

«Nunca la intensidad migratoria fue tan fuerte como en los últimos seis años, ni en los tiempos más álgidos de la emigración española a América Latina, a principios del siglo XX, y a Europa, a mediados de los años 60», ha explicado el investigador y catedrático de Sociología Antonio Izquierdo.

Lejos de disminuir, los flujos migratorios – que empezaron a despegar con fuerza en 1999 – no hacen más que crecer. España tiene el mayor porcentaje de inmigrantes de toda la UE y el año pasado se registró un nuevo récord con 701.023 extranjeros apuntados al padrón municipal y cerca de un millón de entradas en el país.

Curiosamente, en 2007 se produjo un descenso del 54% en la llegada de cayucos, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los inmigrantes no entra en patera (1%), sino que lo hace a través de los aeropuertos (62%) o por carretera (23%), según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Pero, ¿por qué nuestro país se ha convertido en el paraíso de los inmigrantes irregulares? Sin duda, uno de los polos de atracción ha sido el imparable crecimiento económico y la demanda de mano de obra extranjera en sectores laborales que no eran cubiertos por los españoles.

La economía sumergida ha sido otro de los grandes efectos llamada, ya que muchos inmigrantes sabían que, aunque no tuviesen papeles, acabarían encontrando un empleo en la construcción, el servicio doméstico o la agricultura. De hecho, de los 5,2 millones de extranjeros que residen en España, sólo 4,1 tiene tarjeta de residencia, por lo que la bolsa de irregulares podría rondar el millón.

A todo ello hay que sumar los lazos históricos de España con Latinoamérica y el hecho de que EEUU haya cerrado sus fronteras a cal y canto tras los atentados del 11 – S.

Además, España es el país de la UE que más derechos concede a los inmigrantes irregulares y donde más fácil resulta dar el salto de la ilegalidad a la legalidad.

Tanto el Gobierno del PP como el del PSOE han emprendido sucesivas regularizaciones. La última realizada por el Ejecutivo de Zapatero permitió legalizar a 573.270 sin papeles, lo que levantó duras críticas desde el resto de países europeos.

La madre patria tiene también otras ventajas con respecto a nuestros países cercanos. Aquí cualquier extranjero sin tarjeta de residencia se puede empadronar y acceder a la sanidad y la educación o se puede regularizar si acredita arraigo.

Los españoles han tenido mucho menos tiempo que sus vecinos europeos para asimilar un elevado número de inmigrantes y han demostrado un alto grado de tolerancia, como se pudo comprobar tras los atentados del 11 – M, cuando no se registró ningún incidente con la población musulmana.

De hecho, salvo el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez a manos de un guardia civil en 1992 o el brote xenófobo que estalló en El Ejido allá por el 2000, no han surgido graves problemas de convivencia.

La población extranjera no se distribuye por igual a lo largo y ancho de la geografía española, sino que se produce una fuerte concentración en cuatro comunidades autónomas. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía acaparan el 65% de los foráneos que residen en nuestro país. Los inmigrantes tienden, por tanto, a instalarse en determinadas localidades, en barrios concretos y en colegios públicos, atraídos por las redes familiares o por sus compatriotas. Esta alta concentración provoca que, en ocasiones, la población española se mude a otros barrios o cambie a sus hijos de colegio, como ya ha sucedido en muchas escuelas públicas que se han vaciado de autóctonos.

El Gobierno tiene ahora un doble reto de cara al futuro: integrar a los inmigrantes para evitar el modelo americano de la formación de guetos, que están comenzando a surgir en las grandes ciudades, y tomar las medidas necesarias para que la crisis no se cebe con los inmigrantes, muchos de ellos asfixiados ya porque no pueden pagar la hipoteca.

Adiós al ‘papeles para todos’

No hace tanto tiempo que los españoles se manifestaban en las calles pidiendo la regularización de todos los inmigrantes. Cuando eran pocos, la solidaridad con los sin papeles campaba a sus anchas. Pero, a medida que fueron llegando en oleadas, el discurso fue cambiando, incluido el de los más progres. La inmigración ha ido escalando peldaños entre las preocupaciones de los españoles, situándose en el cuarto lugar. Y hablar ahora de papeles para todos parece casi de ciencia – ficción. Como botón de muestra, no hay más que mirar el cambio que ha dado el Ejecutivo de Zapatero. El mismo Gobierno que emprendió la regularización más masiva de la Historia de Europa habla ahora de tolerancia cero con los ilegales. Y, aun así, tiene que frenar a sus socios de la UE.

Sin partidos de extrema derecha

Mientras la extrema derecha gana terreno en toda Europa, en nuestro país no existe ningún partido xenófobo con posibilidades de alcanzar un escaño en el Congreso. Ni el Frente Nacional de Le Pen en Francia ni la Lista del fallecido Pym Fortuyn de Holanda han encontrado su hermano gemelo en España. Sin embargo, en el ámbito autonómico y local sí que han comenzado a surgir iniciativas de tinte racista como Plataforma per Catalunya, un partido que en las pasadas elecciones municipales saltó de cuatro a 17 concejales. En la localidad cacereña de Talayuela, antaño modelo de integración, también ha irrumpido con fuerza Iniciativa Talayuela, un partido con un duro discurso contra la inmigración, que gobierna en el Ayuntamiento junto con el PP.