La fuga de una prostituta hace caer una red de proxenetas

El País, JESÚS GARCÍA, 16-08-2008

La fuga de una prostituta, que aprovechó un descuido de las mujeres que la mantenían encerrada en su piso, ha permitido desarticular una red de proxenetas que explotó a más de 30 mujeres en Lleida. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha imputado a tres presuntos responsables de la red, informaron a este diario fuentes del caso. Están acusados de captar a jóvenes en Rumania con falsas promesas de trabajo para, después, explotarlas sexualmente en pisos bajo una férrea vigilancia.

La banda prometía a las muchachas un trabajo “bien remunerado” en España, e incluso pagaba el viaje en avión hasta Barcelona, y en autobús hasta su destino final, Lleida. Pero una vez allí, el panorama para esas mujeres cambiaba. Liviu Ionel N., de 29 años, las recogía en la estación y las trasladaba a un piso. Ése iba a ser su puesto de trabajo. Las víctimas eran obligadas a prostituirse y debían rendir cuentas a sus dos controladoras. Ése es el nombre con el que se conoce, en argot policial, a las mujeres que colaboran con los proxenetas y vigilan, en general con mano dura, a las prostitutas.

La banda enviaba cada día el dinero recaudado a Rumania a través de la compañía Western Union, añadieron fuentes de la investigación. Harta de la explotación, una de las mujeres huyó del piso y logró regresar a su país. Allí denunció los hechos y sufrió las amenazas de la mujer que la captó. La denuncia, gestionada a través de la Embajada de España en Bucarest, llegó hasta la policía, que se puso a investigar. La mujer ha sido declarada testigo protegido.

Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de Lleida y de Barcelona constataron una gran afluencia de hombres, a todas horas, en los pisos descritos por la denunciante. El Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida autorizó la entrada y registro de la policía en uno de los inmuebles.

Los agentes identificaron allí a tres mujeres que ejercían la prostitución. Dos de ellas (una brasileña y una dominicana) se hallaban en situación irregular en España. Cada media hora de servicios sexuales se cobraba a 40 euros, de los que sólo una parte iba a manos de la mujer.

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