Sobre la pared del despacho cuelga la portada de un periódico de mayo de 1949 con el titular ‘Apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales canarios’. La fotografía muestra la llegada de la embarcación ‘La Elvira’ con los ‘tripulantes’ a bordo. Una estampa que no dista mucho de las que habitualmente se ven en las costas españolas. A esos inmigrantes canarios y los que ahora hacen el recorrido inverso les une un objetivo común: buscar una vida mejor. Pero no siempre es así. Cuando llegan a su destino, los sueños de muchos se convierten en frustración. Ése es el caso de un chico marroquí que un matrimonio de Pizarra se trajo desde Marruecos en los bajos de un camión para obligarle a trabajar todos los días por apenas 700 euros y que, una vez concluido el trabajo, se vio en la calle y sin haber cobrado el salario pactado.

O como el de un grupo de diez inmigrantes de nacionalidad rumana, ecuatoriana y marroquí que vivían hacinados y en condiciones infrahumanas en un garaje alquilado en Mijas sin ventilación ni iluminación natural. Historias como éstas, ocurridas hace unos meses, son más frecuentes de lo que parece. De ello da buena cuenta el Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil, una unidad creada en la provincia a mediados de 2006, compuesta por cuatro agentes y con sede en el puesto principal de Mijas (ubicado en Fuengirola).

Asesoramiento

Su misión, lejos de combatir la inmigración ilegal, consiste en asesorar a este colectivo e informarle de los pasos a seguir para regularizar su situación, así como en actuar contra aquellas personas que se aprovechan de la situación de indefensión del inmigrante irregular para explotarle laboralmente. «La mayoría prefiere no denunciar ante el temor a ser expulsados, pero nosotros no estamos aquí para eso, sino para ayudarles», explica el cabo Rafael Puerta, jefe del equipo, mientras recuerda una de las últimas actuaciones llevadas a cabo, que se saldó con la detención de un hombre que durante dos años tuvo trabajando a un ciudadano rumano, con hasta 16 horas diarias y un sueldo de 700 euros, y que fue despedido y expulsado de la finca cuando éste le solicitó que cumpliera lo prometido, que no era otra cosa que regularizar su situación.

Pese a ello, todavía son muchos los que se muestran recelosos, aunque poco a poco, los miles de kilómetros que recorren por toda la provincia y las innumerables visitas a asociaciones, ONG y sindicatos están dando sus frutos. «Dependemos mucho del boca a boca; si un inmigrante viene, nos cuenta su caso, le ayudamos y los demás ven que no le pasa nada, también se animan a denunciar», comenta el guardia civil Santiago González.

La barrera del idioma

Al margen de la desconfianza que inicialmente pueda suscitar el uniforme, la barrera del idioma también hace que muchos rechacen sus servicios. «La comunidad china, que suele ser más hermética, apenas muestra interés; en cambio, los suramericanos, seguramente por eso del idioma, recurren bastante a nosotros», reconoce José López, otro de los agentes del Edati, justo antes de subirse al furgón que utilizan como oficina móvil.

Así evitan que el inmigrante tenga que acudir al cuartel, que también impresiona lo suyo. Los que cada vez se muestran más abiertos son los ciudadanos subsaharianos y los magrebíes. Para ello, el cabo Puerta ya está aprendiendo árabe.