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A Diputación de Gipuzkoa atiende a un millar de menores guipuzcoanos en sus centros de acogida y a 160 menores extranjeros. Conviene no perder de vista estos datos a la hora de analizar las agresiones que se han producido en las últimas fechas en Donostia y Villabona, localidad esta última en la que se produjo el hecho más grave, con la agresión sexual a una joven y la paliza a su pareja por parte de cuatro chicos acogidos en uno de estos centros. De este grupo de extranjeros, se calcula que un 10% representan casos verdaderamente problemáticos, pero la alarma creada por la gravedad de sus actos indica que es necesario reflexionar sobre la necesidad de potenciar las actuaciones judiciales e institucionales para que no se repitan. No es la primera vez que se abre el debate en torno a la atención y control de los menores inmigrantes en Gipuzkoa, ya que se han ido sucediendo casos de delincuencia menor en algunas localidades en las que se ubican los centros de acogida. Sin embargo, frente a la presunta espectacularidad con la que se tratan estos hechos, sería necesario analizar algunas cuestiones que también están en el fondo de esta problemática; como la dramática circunstancia de que menores de países pobres lleguen hasta Euskadi en busca de subsistencia, el alcance de los recursos públicos al servicio de su atención o el nivel de coordinación de las instituciones entre la Diputación y la Justicia, por ejemplo para ser más eficaces a la hora de abarcar su educación y su proyecto de vida. Dada la complejidad del tema, llama la atención que la alternativa planteada por el diputado socialista y concejal Ernesto Gasco
sea un simple endurecimiento de las normas para la expulsión automática de los menores extranjeros en caso de que cometan hechos delictivos, unas palabras que podrían malinterpretarse y alimentar aún más el creciente y temido recelo que existe en la sociedad guipuzcoana hacia estas personas. A no ser que se esté sugiriendo plantear expulsiones, en especial, de los extranjeros que cometan delitos sexuales, en cuyo caso habría que debatir cuál es la medida idónea cuando esos delitos los cometen menores de nuestro territorio. Y todo ello, sin cuestionar un ápice la gravedad de los hechos que vuelven a situar a las mujeres como víctimas de la sistemática violencia sexual.