El Tribunal Supremo de EE.?UU. rechazó un recurso de aplazamiento

El estado de Tejas ejecutó la madrugada de ayer al inmigrante hondureño Heliberto Chi, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara un último recurso de aplazamiento.

Chi, de 29 años, recibió una inyección letal en el penal de Huntsville tras ser condenado a muerte por el asesinato en el 2001 del sastre Armand Paliotta, para el cual había trabajado. «Que Jesús reciba mi espíritu. Te quiero Edgardo», dijo refiriéndose a uno de sus primos, Edgardo Reyes, quien luchó hasta el último minuto por salvarle la vida y presenció la ejecución.

Los restos del inmigrante hondureño serán trasladados a una funeraria de Huntsville. La familia manifestó que posteriormente el cadáver será llevado a Honduras, donde recibirá sepultura con una camisa a cuadros, accediendo a sus deseos. Antes de ser trasladado a la cámara donde se le aplicó la inyección letal, Chi se despidió de su madre y de su hermanastro, con los que estuvo reunido durante cuatro horas.

Tres horas antes de que el Supremo decidiera no pedir un aplazamiento, la Junta de Perdón y Libertad bajo Palabra de Tejas había anunciado que no intervendría en favor del condenado ante el gobernador del estado, el republicano Rick Perry.

Fue la segunda ejecución en ese recinto después de que el martes pasado Tejas aplicara la pena capital al inmigrante mexicano José Ernesto Medellín.

Tanto Medellín como Chi habían alegado infructuosamente ante el máximo tribunal del país que sus ejecuciones debían de ser aplazadas porque se habían incumplido acuerdos internacionales que obligaban a las autoridades permitirles el acceso a la asistencia consular.

Con las ejecuciones de Medellín y Chi ascendió a 412 el número de convictos que han recibido el castigo en Tejas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM). Las puertas comenzaron a cerrársele a Chi el miércoles, cuando un tribunal de apelaciones de Tejas rechazó un recurso de amparo que habían presentado sus abogados. La ejecución de Chi estaba programada para octubre del 2007. Fue suspendida cuando la pena capital estuvo bajo virtual moratoria en el país mientras el Supremo consideraba los recursos de dos condenados en el estado de Kentucky que alegaron que la inyección letal era un castigo inconstitucional. En mayo pasado, el máximo tribunal del país rechazó dicho argumento y los estados reanudaron las ejecuciones.