Las cada vez más notables dificultades económicas y el considerable incremento poblacional de hasta un millón de habitantes en la Comunitat Valenciana, principalmente por la mayor presencia de inmigrantes, no deja de acarrear consecuencias para la justicia. La sobrecarga de trabajo de los juzgados civiles por el aumento de las reclamaciones de dinero entre particulares, el temido colapso de los órganos mercantiles por el auge de las suspensiones de pagos o las eternas colas en el Registro Civil de Valencia por la gran afluencia de público han sido algunos de los efectos de los que ya se ha alertado.

Desde la Conselleria de Justicia destacan otro de los reflejos de ambas circunstancias en el ámbito jurídico: en lo que va de año prácticamente se ha doblado la petición de abogados de oficio.

“La demanda cada vez mayor de la población inmigrante de asistencia gratuita ha elevado notablemente el número de solicitudes”, aseguran desde la Conselleria.

Valencia y Alicante registran una media de 3.000 peticiones mensuales. La cifra cobra su verdadera magnitud si se tiene en cuenta el número total de abogados de oficio en la Comunitat: algo más de 3.000.

La provincia alicantina (una de las que concentra un mayor porcentaje de inmigrantes) contabiliza ya en lo que va de año el doble de solicitudes: 17.500 frente a las 9.770 del primer semestre de 2007.

Justicia calcula que Valencia rozara este año las 40.000 peticiones de abogado de oficio, frente a las 30.000 del pasado año. La tónica es similar en Castellón. Los 3.300 expedientes examinados hasta junio superan ya con creces los 2.600 registrados hace sólo dos años.


Condiciones económicas

“El factor fundamental es el incremento de población”, subraya el conseller de Justicia, Fernando de Rosa. El auge poblacional es uno de los caballos de batalla del Consell a la hora de reclamar al Ministerio un mejor reparto de juzgados y magistrados para la Comunitat Valenciana.

Para solicitar un letrado de oficio, los ciudadanos con dificultades económicas al afrontar un pleito tienen que dirigirse a los diferentes Colegios de Abogados. En las instituciones se les exigirá una serie de documentos para determinar si tienen o no derecho a esta justicia gratuita: nómina, declaración del IRPF, información catastral, saldos bancarios, entre otros datos.

El Colegio de Abogados envía entonces la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de su provincia, que es la encargada de determinar si se le concede o no un abogado de oficio al interesado.

Las tres comisiones provinciales – que se reunen cada mes – están integradas por representantes de cada uno de los sectores jurídicos. Se hallan presididas por un fiscal y cuentan como vocales con un letrado del gabinete jurídico de la Generalitat, el decano del Colegio de Abogados de cada provincia y el del Colegio de Procuradores, u otras personas en la que estos dos últimos deleguen.

Dentro del órgano colegiado de los letrados de Valencia existen turnos de oficio especializados. Se encuentran los dos básicos, el ordinario y el grave; el primero de ellos dedicado a los delitos menores y, el otro, a los penados con mayor condena, como homicidios o asesinatos. Además, el Colegio de Abogados cuenta con letrados de oficio especializados en menores, extranjería o violencia doméstica.

La duplicación de las solicitudes de abogados de oficio en la Comunitat no es precisamente una novedad en la región, aunque este año sí parece estar siendo un incremento más acusado. De hecho, entre 2003 y 2007, el presupuesto destinado por la Generalitat a la justicia gratuita ha crecido un 67%, según la Conselleria.

Así, de los algo más de 12 millones de euros que se destinaban en 2003 a esta materia, la cifra supero los 20 millones el año pasado. En 2008, la cantidad se sitúa ya en 26 millones de euros. Sumando, el gasto en justicia gratuita de los últimos cinco años por parte del Consell alcanza la friolera de 72 millones.

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