DV. Los inmigrantes no comunitarios que intentaron votar en las últimas elecciones municipales vieron truncadas sus expectativas desde el primer minuto, pese a las concentraciones celebradas en distintas capitales en demanda de esa opción. El escenario, sin embargo, puede cambiar drásticamente en el año 2011, fecha en la que se celebrarán los próximos comicios locales. El Gobierno ha iniciado los trámites para dotar del derecho a voto a estos ciudadanos. La medida supondrá la reforma de la Ley Electoral, por lo que deberá recibir el apoyo de los partidos en el Congreso – sólo con el del PP sería suficiente – , y está sujeta a la firma de acuerdos de reciprocidad entre naciones, un requisito que ha acotado el número de extranjeros que pasarían a formar parte del electorado.

Medios políticos dan prácticamente por hecho que la modificación legislativa superará sin grandes apuros la tramitación en la Cámara baja. En ese caso, y en el ámbito vasco, alrededor de 41.000 inmigrantes estarán en condiciones de acudir dentro de tres años a las urnas de esta comunidad autónoma. En total, más de tres millones de extranjeros – 1,3 nacidos fuera de la Unión Europea – estarían llamados a este cometido en el conjunto del Estado.

Los 41.000 votantes potenciales en Euskadi forman parte de una población extranjera de 116.650 personas afincadas en este territorio, en la que lógicamente hay que descontar a los menores de edad – suman el 18% del colectivo latinoamericano y el 15% del comunitario – y a aquellos oriundos de naciones que no contemplan en su legislación la extensión del sufragio. Por ejemplo, los ciudadanos procedentes de Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana, India, Argelia o Pakistán no podrán votar en España a menos que sus propios gobiernos emprendan las reformas legales pertinentes. Lo mismo sucede en el caso de China.

Rumanos y búlgaros ya pudieron dejar su papeleta en los últimos comicios, aunque los de 2011 serán los primeros municipales en los que asumirán plenamente su derecho al voto. Con la reforma propuesta por el Gobierno de Zapatero, se incorporarán los ciudadanos de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, naciones con las que España tiene ratificados tratados de cooperación y amistad. En Euskadi, son 15.142 votantes potenciales de un colectivo de 32.231 residentes. A ellos se agregan los comunitarios que ya tienen reconocido el derecho al sufragio en España.

Igualdad

El Ejecutivo central nombrará este mes un embajador especial para gestionar el voto emigrante y, especialmente, negociar con otros Estados de modo que sus oriundos puedan elegir gobernante en nuestro país. Se trata de generar nuevos convenios de reciprocidad, tal y como manda la Constitución.

La Carta Magna prevé que los ciudadanos de otras nacionalidades puedan participar en las elecciones en España siempre que los españoles afincados en aquellos países puedan hacer lo mismo con sus gobiernos. El PP ya ha exigido a este respecto que se asegure permanentemente el principio de reciprocidad.

Martha Lucía González, natural de Colombia y presidenta de la asociación hispano – latinoamericana Ahislama, ha acogido con buenos ojos la propuesta presentada por el Ejecutivo de Zapatero. «Es un reconocimiento a la igualdad», expresa. González, ex cónsul de Colombia en Bilbao, considera este paso como «fundamental para llegar a ser personas con plenitud de derechos, más incluso cuando tenemos obligaciones y pagamos a Hacienda como todo el mundo». Fernando Escalante, presidente de la asociación Casa Uruguay de Euskadi, suscribe las palabras de Martha Lucía y remarca la importancia de poder decidir «acerca de quiénes regirán nuestro futuro». «Poder votar en las elecciones municipales es una buena noticia, sobre todo porque se trata del lugar en el que vivimos», argumenta. Escalante, que no pudo ejercer este derecho en los últimos comicios, apunta que en su país «el voto está mucho más arraigado». La Constitución uruguaya obliga a los mayores de edad a votar en todas las elecciones que se celebran en la nación. «Al cumplir los 18 años nos dan un carné especial llamado credencial cívica, en la que cada vez que votamos nos ponen un sello», explica.

De faltar a algún comicio, el titular deberá justificar su ausencia. De lo contrario, si no participa en dos convocatorias consecutivas, se le retirará la credencial. Esta penalización supondría, entre otras cuestiones, no poder acceder a un cargo público en el país.

El derecho a voto no está, sin embargo, al alcance por el momento de todos los extranjeros no comunitarios que residen en España. Por eso, el diplomático que nombre el Ejecutivo central intentará allanar el camino para firmar, en un primer momento, acuerdos similares con Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia, cuyas legislaciones sí permiten la extensión a los españoles del derecho al voto en sus respectivas elecciones.

La diplomacia española poco podrá hacer en el caso de otros gobiernos, salvo convencerlos de que cambien sus leyes para incluir la extensión del voto. Ecuador – que representa uno de los colectivos más numerosos, con 451.000 personas en España y unas 7.500 en Euskadi – , Brasil o Guatemala tendrían que reformar sus respectivas constituciones.

«Amplitud de miras»

La presidenta de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, Dora Aguirre, considera que de negárseles el voto por la falta de acuerdo entre ambas naciones, se produciría un caso de «discriminación entre inmigrantes». Aguirre sostiene que el sufragio no debería estar sujeto a acuerdos de reciprocidad. «Debería haber una mayor amplitud de miras y que el derecho se concediese por la residencia y no por la nacionalidad», señala.