Los oriundos de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela serían los primeros beneficiarios de la reforma propuesta por el Gobierno

En el conjunto de España habrá 1,3 millones de nuevos electores

Los inmigrantes procedentes de fuera de la UE que intentaron participar en las últimas elecciones municipales vieron truncadas sus expectativas, pese a las movilizaciones celebradas en distintas capitales en defensa de esa reivindicación. El escenario, sin embargo, puede cambiar drásticamente en 2011, cuando se celebrarán los próximos comicios locales. El Gobierno ha iniciado los trámites para reconocer el derecho a voto a estos ciudadanos. La medida obligará a reformar la Ley Electoral, para lo que deberá ser aprobada por el Congreso – sólo con el apoyo del PP sería suficiente – , y está sujeta a la firma de acuerdos de reciprocidad. Es decir, la capacidad de acudir a las urnas en España sólo será concedida a las personas procedentes de países que otorgan esa potestad a los españoles afincados en ellos.

Medios políticos dan por hecho que la modificación legislativa superará sin grandes apuros la tramitación parlamentaria. Cuando se cumpla ese paso, alrededor de 41.000 extranjeros residentes en Euskadi estarán en condiciones de intervenir en la elección de alcaldes dentro de tres años. En el conjunto de España, la cifra superará los tres millones; de ellos, 1,3 millones nacidos fuera de la Unión Europea.

En el País Vasco están empadronados 116.650 inmigrantes, lo que equivale a un 5,2% de la población total. Si la norma sale adelante, sólo quedarán excluidos del derecho a voto en las municipales los menores de edad – suman el 18% del colectivo latinoamericano y el 15% del comunitario – y los oriundos de naciones que no contemplan en su legislación la extensión del sufragio a los extranjeros.

Por ejemplo, los ciudadanos procedentes de Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana, India, Argelia o Pakistán no podrán participar en los comicios locales a menos que sus propios gobiernos emprendan reformas legales para garantizar esa potestad a los españoles. Lo mismo sucede en el caso de China, otra de las comunidades más populosas tanto en Euskadi como en España, junto a la ecuatoriana.

Rumanos y bulgaros, recién incorporados a la UE, ya pudieron dejar su papeleta en las últimas elecciones. Con la reforma propuesta por el Gobierno, esa capacidad será reconocida a los inmigrantes procedentes de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, estados con las que España tiene ratificados tratados de cooperación y amistad. En Euskadi son 15.142 votantes potenciales de un colectivo de 32.231. A ellos se agregan los comunitarios que ya tienen derecho a sufragio.

Las mismas garantías

El Ejecutivo central nombrará este mes un embajador especial para gestionar el voto emigrante y, especialmente, negociar con otros países nuevos convenios de reciprocidad, en línea con las disposiciones de la Constitución.

La Carta Magna prevé que los ciudadanos de otras nacionalidades puedan participar en las elecciones en España siempre que los españoles afincados en esos países tengan reconocido ese mismo drecho. El PP ha hecho hincapié en que se asegure permanentemente el principio de reciprocidad para que los emigrantes españoles tengan «idénticas garantías democráticas» en los lugares donde se asientan.

Martha Lucía González, natural de Colombia y presidenta de la asociación hispano – latinoamericana Ahislama, ha acogido con buenos ojos la propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Es un reconocimiento a la igualdad», expresa. González, ex cónsul de Colombia en Bilbao, considera este paso «fundamental para llegar a ser personas con plenitud de derechos, más incluso cuando tenemos obligaciones y pagamos a Hacienda como todo el mundo». Fernando Escalante, presidente de la asociación Casa Uruguay de Euskadi, suscribe tales palabras y remarca la importancia de poder decidir «acerca de quiénes regirán nuestro futuro». «Poder votar en las elecciones municipales es una buena noticia, sobre todo porque se trata del lugar en el que vivimos, con nuestros problemas y dificultades», argumenta.

Escalante, que no pudo ejercer este derecho en los últimos comicios, apunta que en su país «el voto está mucho más arraigado». La Constitución uruguaya obliga a los mayores de edad a participar en todas las elecciones que se celebran en la nación. «Al cumplir los 18 años nos dan un carné especial que se llama la credencial cívica, en la que cada vez que votamos nos ponen un sello», explica.

De faltar a algún comicio, el titular deberá justificar su ausencia en las urnas. De lo contrario, si no participa en dos convocatorias consecutivas, se le retirará la credencial. Esta penalización supondría, entre otras cuestiones, no acceder a un cargo público en el país, ya que sólo pueden optar a dichos puestos aquellas personas que cuentan con la totalidad de los sellos impresos.

El derecho a voto no está, sin embargo, al alcance por el momento de todos los extranjeros no comunitarios que residen en España. Por eso, el diplomático que nombre el Ejecutivo central intentará allanar el camino para firmar, en una primer etapa, acuerdos similares con Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia, cuyas legislaciones sí permiten la extensión a los españoles del derecho al voto en sus respectivas elecciones.

La diplomacia española poco podrá hacer en el caso de otros gobiernos, salvo convencerlos de que cambien sus leyes para incluir la extensión del voto. Ecuador – que representa uno de los colectivos más numerosos, con 451.000 personas en España y unas 7.500 en Euskadi – , Brasil o Guatemala tendrían que reformar sus respectivas constituciones para incluir ese derecho.

«Amplitud de miras»

La presidenta de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, Dora Aguirre, considera que, de negárseles el voto por la falta de acuerdo entre ambas naciones, se produciría un caso de «discriminación entre inmigrantes». Aguirre sostiene que el sufragio no debería estar sujeto a acuerdos de reciprocidad. «Debería haber una mayor amplitud de miras y que el derecho se concediese por la residencia y no por la nacionalidad», señala.

Tras años de lucha, la máxima responsable de Rumiñahui, que engloba a más de 10.000 socios en toda España, reconoce ser optimista. «En el actual borrador de la Constitución ecuatoriana ya consta la posibilidad de integrar el tratado. Ahora sólo queda someter la modificación a referéndum y creemos que la mayoría votará a favor», explica Aguirre.