ROMA (AFP) –
El gobierno conservador italiano, duramente criticado por la Unión Europea (UE) por su política contra la inmigración, envió este viernes a la Comisión Europea los textos de varias leyes que acaba de adoptar para que los someta a evaluación.

Se trata de un paso “informal”, antes de que el gobierno adopte en forma definitiva el controvertido paquete de medidas, que generó severos reproches por parte de las instituciones europeas.

La opinión de la UE es importante “debido al carácter delicado del tema”, explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni.

El gobierno italiano ha pedido opinión a la UE sobre las leyes para la obtención del estatuto de refugiado, el derecho al reagrupamiento familiar y la libre circulación de ciudadanos europeos dentro la Unión Europea, ya que las nuevas medidas obligan a algunos ciudadanos, como los rumanos, a demostrar que disponen de suficientes medios económicos para residir en Italia.

Maroni anunció también que va a enviar a la UE un informe sobre el censo de gitanos a partir de la toma de huellas dactilares, que había suscitado polémicas con asociaciones humanitarias y de derechos humanos.

Con el informe, el gobierno italiano cumple una promesa hecha a inicios de julio al comisario europeo de Justicia, Solidaridad y Libertades, Jacques Barrot, quien había rechazado el censo de los gitanos que residen en campamentos por “discriminación étnica”.

El ministro sostiene que se adjuntarán dos cartas de organizaciones internacionales prestigiosas que inicialmente criticaron el proyecto, como la Cruz Roja y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en las que éstas apoyan los censos.

Maroni aseguró que después del censo, que ya comenzó en los campamentos de Nápoles, Milán y Roma, se iniciará un programa de escolarización de los niños gitanos, ya que la mayoría de ellos no suele asistir a la escuela.

El gobierno de Silvio Berlusconi, vencedor de las elecciones legislativas de abril, prometió mano dura contra los inmigrantes ilegales, considerados uno de los mayores problemas sociales de Italia.

Italia quiere introducir la posibilidad de expulsar inmediatamente a ciudadanos de la Unión Europea “por motivos de seguridad” y ampliar la duración de la detención de esos ciudadanos, así como limitar la libertad de movimiento de aquellos que soliciten asilo político.

Tanto el Parlamento Europeo como el presidente de Rumanía, Traian Basescu, han criticado las nuevas medidas y solicitado a Italia un mayor respeto de los reglamentos europeos.

Maroni, exponente del partido populista y anti – inmigración Liga Norte, aseguró este viernes que el gobierno tendrá en cuenta la opinión de la UE antes de ratificar las leyes aprobadas por el Parlamento italiano.