Hoy en día dos millones y medio de personas pagan impuestos en España y no pueden votar: la Constitución es del 78, cuando éramos casi sólo emigrantes. En 2006 se aprobó una proposición no de ley para instrumentar el reconocimiento del voto inmigrante en ciertas condiciones. Un obstáculo: el de la reciprocidad y las elecciones democráticas municipales en los países de origen (cosa insólita). La Carta Magna ha de ser rectificada: será positivo y un avance; no cabe hacernos los tontos. El artículo 13.2 se reformó en el 92 sin problemas; debería volver a hacerse ahora excluyendo la reciprocidad. Son criterios democráticos. Las votaciones no van a dar un vuelco, si es lo que se teme: no son todavía tantos los legales de fuera. Ni lo serán a este paso.