A raíz de la aprobación por parte del Govern de la Generalitat del proyecto de ley de educación de Catalu – nya (LEC), el conseller Ernest Maragall declaró el martes que estábamos asistiendo a “un día grande para este país”. Quizá tenía que haberse guardado el adjetivo para el día en el que el Parlament apruebe definitivamente la ley, un texto en verdad importante por cuanto “da personalidad”, según sus propias palabras, “al sistema educativo propio” y porque pone sobre la mesa uno de los retos más destacados del primer y del segundo Govern tripartito: la educación.
Será grande para Catalunya el día en que vea la luz un texto legislativo que cuente con el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios, porque estamos hablando de uno de los pilares de la sociedad, que requiere un pacto conjunto que le garantice estabilidad y largo recorrido, más allá de las disputas políticas cotidianas o de los posibles cambios electorales.
El consenso en torno a la LEC, sin embargo, hoy por hoy no existe. En el propio Govern, la toma de posición contraria al proyecto de ICV, sin llegar a desestabilizar al Ejecutivo, introduce un notable factor de desajuste, que viene condicionado, además, por la sonora negativa a la iniciativa de Maragall procedente de los sindicatos, que prevén un otoño caliente en las aulas. La buena noticia, en el sentido de reclamar para la LEC un amplio e imprescindible compromiso sin fisuras, es la sintonía que parece establecerse entre el Govern y CiU, aunque la principal fuerza de la oposición ya ha advertido que, más allá de la “responsabilidad” y la “participación” que elogió Maragall, en el trámite parlamentario tendrán que introducirse cambios, especialmente relacionados con la escuela concertada, acerca de la cual ICV mantiene toda clase de reservas.
El proyecto, fiel en sus principios al Pacte Nacional per l’Educació del 2006, es positivo por cuanto establece las bases de una educación pública preocupada por la calidad y por la financiación (que ha de ir en aumento), por la autonomía de los centros y por el papel de la dirección, unido a una mayor cohesión del sistema. Aun así, la ley tendrá que acabar de perfilarse en los aspectos que podríamos llamar más ideológicos: el temido fantasma de la privatización de centros, anunciada por los sindicatos de maestros, o el papel de la concertada y sus responsabilidades en la admisión de inmigrantes.