La crisis económica que vive España y el drama de la inmigración ilegal están cambiando las políticas migratorias. La decisión del Gobierno de priorizar la contratación de trabajadores locales sobre los extranjeros, en la plantación de la fresa de Huelva, es sólo un ejemplo de cómo se readapta un modelo a una paisaje con más parados. Además, esquemas de migraciones reguladas como la onubense son vistos por el Gobierno como un arma definitiva contra las pateras. “La mejor forma de luchar contra la inmigración ilegal, es con la inmigración legal”, dijo ayer en el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro, que se encontraba ayer en Jaén asistiendo a unas jornadas sobre inmigración e integración, recordó que el Gobierno italiano, que ha seguido unas políticas restrictivas diametralmente opuestas a las españolas, ha declarado el estado de emergencia por la llegada de inmigrantes. Rubalcaba quiso dejar claro que las políticas restrictivas no son la solución y aprovechó para recordar las críticas vertidas por el Partido Popular acerca de su estrategia con la inmigración “¿Dónde están ahora los teóricos del efecto llamada?”, se preguntó en relación a las opiniones en contra de los procesos de regularización extraordinarios. “El PP decía que se producía un efecto llamada porque el PSOE y el Gobierno eran muy buenos con los inmigrantes y ahora se ha demostrado que es mentira”, señaló.

El ministro recordó que la dimensión del fenómeno migratorio abarca a toda Europa y abogó por una puesta en común de las políticas en esta materia, aunque reconoció que es “difícil” y que “se avanza muy despacio”. En todo caso, la UE ya se ha fijado en modelos de inmigración legal existentes, como el de Huelva, que selecciona y contrata sólo al número de trabajadores necesarios y que obliga a éstos a retornar una vez cumplido lo estipulado, si es que quieren volver a ser contratados la siguiente campaña.

Recientemente, la Unión Europea puso a Huelva como ejemplo de buenas maneras en materia de inmigración. En especial, reconoció la labor del programa Aeneas Cartaya, cofinanciado por la propia UE y dirigido por el Ayuntamiento de este municipio. Ambas entidades, en colaboración con la patronal de agricultores Freshuelva, las distintas asociaciones agrarias y los sindicatos UGT y CC OO, han organizado desde hace un lustro la llegada de miles de jornaleros inmigrantes marroquíes, en su mayoría mujeres, para trabajar en la campaña fresera y citrícola. La pasada campaña, acudieron a Huelva 31.000 jornaleros extranjeros contratados en origen, 18.000 de ellos, marroquíes.

Pero todo ha cambiado con la crisis económica y el aumento del paro, como recordaba ayer el propio alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE): “Este año existe un nuevo y excepcional contexto, ya que estamos acostumbrados a gestionar las campañas agrícolas en materia laboral en una situación de pleno empleo en la provincia de Huelva. Y ahora el panorama es muy distinto”. Por ello, el Gobierno, la Junta, los sindicatos y la patronal han acordado dar prioridad a la contratación de trabajadores nacionales – tanto españoles como extranjeros regularizados – que quieran acudir a las fincas para la plantación de la fresa, que comienza en septiembre.

De los 22.000 inscritos en el Régimen Agrario en Huelva, casi 1.900 ya se muestran dispuestos a trabajar en la siembra, según las organizaciones agrarias. Y la cifra podría subir. De confirmarse, supondría que alrededor de la mitad de los extranjeros contratados en origen que vinieron el año pasado para la plantación, ya no serían necesarios. “Una vez conozcamos las cifras definitivas, podremos estimar el número de inmigrantes que serán necesarios”, dijo Millán.