El control que el Gobierno italiano está llevando a cabo en relación a los gitanos se inserta en el plan de seguridad aprobado el pasado jueves . El texto prevé el aumento de la pena en un tercio si quien comete el delito es un clandestino, expulsión directa para los extranjeros condenados a penas de más de dos años, reclusión de un mínimo de 6 meses y un máximo de 10 años para quien alquila una casa a inmigrantes ilegales, así como la presencia del ejército en ciudades en las que se registre una emergencia.

A esta mano dura se añade la declaración el viernes del estado de emergencia en todo el territorio nacional por «el continuo flujo de inmigrantes ilegales». Ni que decir tiene que todas estas medidas levantaron la voz de alarma de asociaciones humanitarias, de la oposición e incluso de la Iglesia, que llamó a la «calma y al respeto de los derechos humanos, que corren el riesgo de ser violados si se crea este clima de inseguridad».

Prevenir es la idea del Gobierno italiano, aunque el precio sea coger huellas dactilares a seres humanos.