Denuncia Paulino Rivero que han muerto más personas en los cayucos y pateras
que parten de África con destino a las costas canarias o del sur de España, que
en las guerras durante los últimos 30 ó 40 años. Coincidimos en la gravedad de
este drama humano. Ahora bien, ¿quién debe poner los medios para evitar que esta
tragedia se perpetúe? Existen mafias que se lucran con las esperanzas de miles y
miles de africanos hambrientos; eso lo sabemos todos. Sin embargo, ¿no le
correspondería al Gobierno de España implicarse más en la resolución del
problema?

Somos conscientes de que la diplomacia española no pasa por sus mejores
momentos. El prestigio exterior de Zapatero y su Gabinete es discutido y
discutible. Por si fuera poco, los problemas de Canarias, un territorio a 1.500
kilómetros de las costas peninsulares y a 2.000 de la capital de la Metrópoli
que nos esclaviza desde hace seis siglos, le quedan muy lejos a los dirigentes
españoles. Lo que se hace con respecto a la inmigración irregular que llega a
nuestras Islas en precarias embarcaciones, se hace por un sentido mínimo de
humanidad, no porque este fenómeno sea un problema primordial para Madrid. Con
cifras de inmigrantes sin papeles menores que las nuestras, el Gobierno italiano
ha decretado el estado de excepción. En cambio, Zapatero y sus ministros
persisten en ser más papistas que el Papa. Primero decretaron una regularización
masiva –de la que fue artífice Jesús Caldera, un personaje indolente con los
problemas de Canarias–, cuyo principal efecto fue incentivar la salida hacia
España y Canarias de otras decenas de miles de personas. Luego, consumado el
error y corregido al alza el problema que ya existía por la presencia de más de
medio millón de inmigrantes en situación irregular, el Gobierno de España ha
permanecido impasible, o como mucho se ha limitado a aplicar medidas de paños
calientes, al problema que sufre el Archipiélago. Sólo el ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, ha mostrado interés por buscar una salida.

Un problema que nos ocasiona este desbordado fenómeno migratorio incluye
también la acogida de más de mil menores en centros dependientes del Gobierno de
Canarias. Hace unos días señalaba el fiscal de Menores de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campo, que la repatriación de estos
jóvenes es prácticamente imposible debido a las dificultades que ponen los
países de los que parten. “Las Islas llevan cuatro años sin que se haga efectiva
la repatriación de ningún menor inmigrante”, manifestó Manuel Campo en el Aula
de Verano de La Gomera.

¿Qué hace el Gobierno de España al respecto?, volvemos a preguntarnos. Poco o
nada. De nuevo ha sido el actual ministro de Trabajo quien ha entendido que las
Islas no pueden afrontar por sí solas este problema. Puestos a hacernos
preguntas, cabe cuestionarnos si, en un asunto de tanta importancia y gravedad
como este, podemos seguir dependiendo de la voluntad del hoy ministro de Trabajo
para que se nos escuche. Corbacho es sensible con las dificultades por las que
atraviesa Canarias; de ello no hay duda. No obstante, el ministro de Trabajo e
Inmigración, como cualquier otro, puede ser cesado mañana mismo. Lo cual nos
devolvería al principio del camino. Eso si no nos toca en suerte alguien tan
nefasto como Jesús Caldera. Por si fuera poco, nada nos asegura que esa
manifiesta sensibilidad de Celestino Corbacho logre resolvernos el problema. Por
encima de un ministro está el Gobierno del que forma parte, y también toda la
Administración central del Estado que, como ya hemos señalado, no se preocupa
demasiado por lo que ocurre a 2.000 kilómetros de distancia. En consecuencia,
resulta suicida a todas luces seguir dependiendo de Madrid en este aspecto, y
también en otros.

La inmigración descontrolada es un problema serio para Canarias. No es la
primera vez que lo decimos y desgraciadamente no será la última que debamos
repetirlo. Sin embargo, no es la única dificultad a la que nos enfrentamos. El
jueves de esta semana se hacían públicos los datos de la Encuesta de Población
Activa, según los cuales el desempleo ha subido un 9,47 por ciento en las Islas
durante el segundo trimestre de este año. En total, 166.100 parados en el
Archipiélago. Esto supone 65.900 personas adicionales sin empleo en relación con
el mismo período del año pasado. En términos porcentuales, 16 de cada 100
canarios no tienen trabajo; casi seis puntos por encima de la medida
española.

¿Podemos seguir esperando que Madrid nos solucione el problema? ¿No es eso lo
que proponen los nacionalistas teóricos, los enamorados de la españolidad de
Canarias y quienes están en las Cortes españolas con el bienintencionado
propósito de hacer “política pura”? Nosotros pensamos que no. Es más: estamos
plenamente convencidos de que si no damos un golpe de timón al curso de nuestra
historia, lo que nos espera en el futuro serán las mismas miserias que hemos
padecido en el pasado. Debemos hacernos cargo de nuestro propio destino ahora
mismo. Incluso nos parece demasiado lejana la fecha establecida por la Asamblea
de las Naciones Unidas para que se produzca el inevitable proceso de
descolonización de estas Islas. Cualquier día que nos retrasemos en alcanzar
nuestra soberanía supone una pérdida irrecuperable.

¿Y cómo hacerlo? Pues, en primer lugar, planteando en Madrid y en Bruselas
que somos un país colonizado. Ese es el paso previo para un diálogo inteligente
con el Gobierno español, pues todo el proceso que nos conduzca a nuestra
libertad debe desarrollarse por cauces pacíficos. De forma paralela, debemos
comprender que por la vía del Estatuto de Canarias y de su reforma no vamos a
ninguna parte. Discutir estos asuntos en el Parlamento es perder el tiempo y
malgastar el dinero que tanto les cuesta ganar a los canarios. En cualquier
caso, no parece que a “sus señorías” autonómicas les importe mucho el
sufrimiento del pueblo, puesto que han tenido la desvergüenza de subirse los
sueldos en plena crisis. Y no rectifican. ¡Qué asco! Cuánto nos repugna esta
putrefacta clase política.

¿Podemos esperar algo de quienes afirman a diario que defienden al pueblo,
cuando en realidad sólo se preocupan de esquilmarlo para vivir ellos en la
opulencia? Decididamente, no. De la misma forma que damos palos de ciego con la
reforma del Estatuto, tampoco nos espera un futuro prometedor mientras sigamos
en manos de estos políticos infames y decadentes. Necesitamos savia nueva.
Hombres y mujeres jóvenes, con las manos limpias y la cabeza ordenada, capaces
de salvar a estas Islas de la crisis presente y conseguir un futuro mejor para
todos. Lo actual, lo repetimos, no nos sirve.

No podemos olvidar, y por eso lo subrayamos una vez más, la existencia de
políticos canariones enemigos de Tenerife. Queremos al pueblo de Canaria como
hermanos que somos. No así a sus dirigentes, que con tal de mantener situaciones
de privilegio conseguidas con la rapiña de lo que tiene Tenerife, prefieren que
el Archipiélago continúe siendo una colonia. ¿Puede haber personas más
deleznables? Si hasta Lanzarote y Fuerteventura están hartas de la hegemonía que
trata de imponerles la tercera isla; la más desangelada de todas; la vergüenza
del Archipiélago.

El futuro de los tinerfeños y, en general, de todos los canarios ansiosos de
ser libres está en la soberanía. No perdamos más tiempo. Dejemos a un lado esas
tonterías de la reforma del Estatuto, y avancemos con paso decidido para
recuperar lo que nos fue robado con una invasión y un despiadado
genocidio.