El secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, Agostino Marchetto, ha pedido al Gobierno italiano que respete los derechos humanos de los inmigrantes, según informan los medios de comunicación italianos.

El llamamiento de Marchetto se produjo al día siguiente de que el Gobierno haya declarado el “estado de emergencia” en todo el país para afrontar la llegada de inmigrantes.

El prelado ha explicado que la declaración de emergencia “no tiene porqué ser una decisión negativa”, ya que “puede servir para adoptar nuevas medidas que tengan en cuenta las necesidades, por ejemplo, de los inmigrantes que necesitan protección al llegar de países como Sudan, Somalia o Eritrea”.

Asimismo, ha advertido de que estas disposiciones de emergencia “tienen que respetar los derechos humanos de todos los trabajadores inmigrantes y de los miembros de sus familias; las normas internacionales respecto a la concesión de refugiados; las peticiones de asilo; a los apátridas, como los gitanos, o las víctimas del tráfico de personas”.
En todo el territorio

El Consejo de Ministros italiano ha declarado que el estado de emergencia en todo el territorio nacional que hasta entonces estaba en vigor sólo en tres regiones para afrontar el “excepcional” flujo de inmigrantes llegados al país en los últimos meses.

La medida, según el Gobierno, responde a la necesidad de combatir el fenómeno de la inmigración clandestina, “ya que en el primer semestre de 2008 se ha duplicado el número de llegadas con respecto al año anterior, con 10.611 personas, frente a las 5.378 del mismo periodo del año pasado”.

Esta decisión del Gobierno generó duras críticas en las filas de la oposición, que considera insuficientes las explicaciones facilitadas por el Ejecutivo para justificar la medida, y que pidió la comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Roberto Maroni.

Estado de emergencia en Italia

El Consejo de Ministros italiano ha declaró este viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional para afrontar el flujo de inmigrantes llegados al país en los últimos meses, que el Gobierno califica de “excepcional”. El Ejecutivo informó en un comunicado que, “con el objetivo de potenciar las medidas para contrarrestar y gestionar el fenómeno (de la inmigración ilegal)”, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Interior, Roberto Maroni, la extensión a todo el territorio de la declaración del estado de emergencia.

Maroni manifestó que la medida responde a la necesidad de combatir el fenómeno de la inmigración clandestina, “ya que en el primer semestre de 2008 dijo se ha duplicado el número de llegadas con respecto al año anterior, con un total de 10.611 personas, frente a las 5.378 del mismo periodo de un año antes”.

La decisión del Gobierno generó duras críticas en las filas de la oposición, que considera insuficientes las explicaciones facilitadas por el Ejecutivo para justificar la medida. La portavoz en el Senado del Partido Demócrata (PD), Anna Finocchiaro, aseguró que este tipo de anuncio, “sin explicar el por qué se adopta una medida, sirve sólo para alimentar el sentimiento de miedo de los ciudadanos italianos”.

El portavoz del PD en la Cámara de los Diputados, Gianclaudio Bressa, calificó la decisión de “abominable” y el vicepresidente de la Cámara baja, el democristiano y antiguo aliado de Berlusconi, Rocco Buttiglione, la tachó de “inhumana”.

En esta misma línea, el gobernador de la región sureña de Puglia, el progresista Nichi Vendola, dijo que “nos estamos desplazando paso a paso fuera de la democracia, esta declaración del estado de emergencia es un pedazo de fascismo”. Ante la situación creada, el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, pidió al Gobierno que antes del próximo martes explique en esta su decisión.

Por otro lado, el responsable del departamento de las libertades civiles e inmigración, Mario Morcone, explicó que la declaración del “estado de emergencia” es un procedimiento que comenzó a utilizarse en marzo de 2002, repitiéndose anualmente hasta 2007.

Morcone precisó que en 2008, gracias a la mejora de las estructuras de acogida, se limitó la aplicación de la medida a las regiones sureñas de Calabria, Puglia y Sicilia, pero que el gran flujo migratorio de los últimos meses ha obligado a extender la medida a todo el territorio nuevamente. Asimismo señaló que actualmente en los centros de acogida italianos hay 7.359 ciudadanos extranjeros, que provienen, sobretodo de Somalia y de Eritrea.