BRUSELAS (AFP) –
Alemania y varios países del norte y este de la Unión Europea (UE) se opusieron el jueves a propuestas para sancionar penalmente el empleo de clandestinos e imponer inspecciones en diferentes sectores de actividad.

“Mi respuesta es un doble ‘no’”, declaró el ministro alemán de Interior, Wolfgang Schäuble, a su homólogo francés Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE, durante un debate público sobre estas cuestiones en el marco de una reunión de los 27 en Bruselas.

Suecia, Holanda, Finlandia, Polonia, Hungría y República Checa también rechazaron esas dos propuestas, mientras que Lituania manifestó “reservas”.

En cambio, los países enfrentados en forma directa a la llegada de inmigrantes ilegales (Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta) se pronunciaron a favor de la criminalización del empleo de trabajadores en situación irregular y de mayores controles en las empresas de sectores considerados como los más expuestos al trabajo en negro.

Otros países como Bélgica, Estonia, Letonia, Austria, Bulgaria y Rumania apoyaron esas medidas.

“Tenemos una amplia experiencia de trabajo en negro y la medida más disuasiva es la que toca la billetera, como el embargo del inmueble alquilado ilegalmente a clandestinos”, dijo el ministro italiano Roberto Maroni, al justificar la necesidad de sanciones penales y patrimoniales.

“El culpable es el que emplea, que explota y aprovecha la miseria de los inmigrantes ilegales”, indicó por su parte el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho.

En la misma sintonía, el ministro del Interior griego, Prokopis Pavolopoulos, afirmó que “es necesario reconocer la explotación del trabajo clandestino, porque si uno se contenta con sanciones administrativas se minimiza la importancia del problema”.

“Vamos a deber combinar sanciones administrativas y penales”, estimó de su lado Hortefeux, mientras que el comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, explicó que esas medidas “no son una obligación, sino una posibilidad”.

Las propuestas de la Comisión Europea puestas sobre la mesa por la presidencia francesa de la UE plantean la aplicación de sanciones penales para las personas o las empresas que empleen a extranjeros en situación irregular y un objetivo de 5% de inspecciones en los sectores más expuestos a esta situación (agricultura, construcción y restauración).