Corbacho apoya las sanciones penales para los empresarios que contraten a personas sin papeles

bruselas. Los países de la Unión Europea (UE) siguieron ayer divididos acerca de la tarjeta azul para inmigrantes altamente cualificados y sobre la imposición de sanciones penales a los empresarios que den trabajo a inmigrantes irregulares.

Los ministros comunitarios de Inmigración apenas lograron ayer avances sobre ambas propuestas, que forman parte de la estrategia de la Unión Europea (UE) de promover la inmigración legal y que la presidencia francesa quiere aprobar antes de final de año.

El comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, el francés Jacques Barrot, se mostró dispuesto a flexibilizar la cuestión de las sanciones penales para los empresarios que abusen de ilegales tras constatar la oposición de siete países, encabezados por Alemania, que mostraron la clara división interna acerca de cómo luchar contra la inmigración irregular.

La discusión sobre las sanciones a quienes den trabajo a los inmigrantes ilegales se centró en la posibilidad de establecer medidas penales en los casos de abusos y en la propuesta de inspeccionar al menos al 5% de las empresas cada año.

“Alemania considera las sanciones penales como algo no justificado. Hay otras formas de luchar contra la inmigración ilegal”, señaló el ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, que afirmó preferir que cada país adopte las medidas que crea oportunas.

Otros doce países apoyaron la idea de que haya sanciones penales mínimas a nivel de la UE, y varios de ellos ya las aplican en sus territorios, aunque no todos los Estados miembros intervinieron en el debate.

la postura de corbacho España insistió en su apoyo a la idea, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la consideró “un paso en la dirección adecuada de combatir la inmigración ilegal”, ya que “el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota”.

Corbacho apoyó la inclusión de un mínimo de inspecciones y recalcó que “no hay garantía de inmigración legal si no hay inspección”.

A pesar de las diferencias, el ministro español se mostró convencido de que al final habrá un acuerdo por el que contratar a un inmigrante ilegal en la UE “será sancionable y podría llegar a ser un delito”.