Los países de la Unión Europea seguían ayer divididos acerca de la «tarjeta azul» para inmigrantes altamente cualificados y la imposición de sanciones penales a los empresarios que empleen a inmigrantes irregulares.

Alemania encabezó un grupo de siete países que se opusieron a que haya sanciones penales a nivel comunitario y defendió que cada Estado miembro decida qué medidas aplicar. Otros doce países apoyaron que haya sanciones penales mínimas a nivel de la UE, y varios de ya las aplican en sus territorios.

El ministro español Celestino Corbacho se mostró convencido de que al final habrá un acuerdo por el que contratar a un inmigrante ilegal en la UE «será sancionable y podría llegar a ser un delito».