Los Veintisiete responden a la política de inmigración estadounidense, que no permite pasar la frontera a los ciudadanos de países de Europa del este Desde el 11 – S, la UE ha cumplido con todos los requisitos exigidos por Washington y los europeos hacen largas colas al llegar a los aeropuertos de EEUU, donde son interrogados y fotografiados mientras se toman sus huellas. Pero, a partir de enero, la Unión puede empezar a pedir visado a algunos norteamericanos.

La Comisión Europea, responsable de las fronteras del Area Schengen, amenaza con imponer esa documentación a los diplomáticos de EEUU si Washington no retira el papeleo extra para los visitantes de los 12 Estados miembros de la Unión que aún deben pasar por el trámite lento y costoso de pedir un visado antes de cruzar el Atlántico, aunque sea sólo por turismo. En la UE no hay fronteras, pero EEUU sigue sin considerarla como una única entidad y se niega a extender la exención del visado – acordada para los viajeros de la mayoría de los Veintisiete, incluido España – a los países del ex bloque soviético, Grecia y Malta.

Según la Comisión, «no hay ningún progreso tangible por parte de Estados Unidos» pese a los esfuerzos de Bruselas y de los afectados. Jacques Barrot, comisario de Justicia, confirmó ayer que, si no hay cambios antes de que termine el año, propondrá «medidas de castigo, como la restauración temporal del visado para los estadounidenses con pasaporte diplomático u oficial desde el 1 de enero de 2009». El comisario francés comentó la propuesta a los ministros de Interior europeos reunidos ayer en Bruselas y, según él, la reacción fue positiva, porque algunos Estados ya exigen visado al personal oficial estadounidense. «Es una medida para ponerlos en guardia y creemos que va a funcionar», explicó Barrot, en rueda de prensa.

El Departamento de Seguridad Nacional de Washington repite que la negociación avanzará este semestre y la UE no castigará a los diplomáticos americanos. A partir de enero, mientras tanto, EEUU introducirá más requisitos para los visitantes, como una autorización online que todos los europeos, turistas o no, necesitarán antes de comprar un billete.

Además, los ministros volvieron a apoyar ayer el pacto genérico para la inmigración defendido por Nicolas Sarkozy, aunque tuvieron más dificultades para pasar, como decía el ministro de Interior francés, Brice Hortefeux, «del pacto al acto». A la hora de discutir propuestas legislativas concretas de la Comisión, los Veintisiete siguen divididos, con una clara fractura entre el Norte y el Sur de Europa.

Así, Alemania, Finlandia, Suecia, Polonia y otros países centroeuropeos rechazaron la idea de castigar con sanciones penales a los empleadores y explotadores de inmigrantes ilegales, una idea respaldada, en cambio, por España, Italia, Grecia, Malta o Chipre. Francia, en principio, no se opone a la directiva, si bien su ministro subrayó hasta la extenuación en la rueda de prensa de ayer que no era una propuesta gala, sino de la Comisión, que encontró más apoyo en otros países mediterráneos.

«No podemos ir exclusivamente a perseguir al ilegal. Cuando hay una persona ilegal en un país es porque también hay alguien que se está aprovechando de su situación. Eso tiene que ser sancionable», insistía Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo español, que subrayó la importancia de que la política sea europea.

Sin embargo, el resultado del debate indica que difícilmente habrá política común de inmigración sobre este punto y cada Estado miembro decidirá qué tipo de sanciones aplicar. Los Veintisiete ni siquiera están de acuerdo sobre la imposición de un mínimo obligatorio de inspecciones de trabajo a las empresas para asegurarse de que no emplean a inmigrantes sin papeles. Los ministros tampoco llegaron a una solución unánime sobre los criterios para conceder una «tarjeta azul» privilegiada a los inmigrantes con mayor cualificación profesional y académica y así atraer a la UE más «cerebros» extranjeros – los más listos prefieren ahora EEUU o Canadá – .