Los casos no resueltos se elevan al 55%, un índice muy superior al aceptable

bilbao. El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes de 2005 ha colapsado los juzgados contencioso – administrativos de la Comunidad Autónoma Vasca, y ha elevado el número de casos no resueltos al 55%, un índice muy superior al considerado como aceptable (por debajo del 30%). El número de asuntos relacionados con la inmigración representó el 40% de los casos atendidos en 2007. Además, el presidente de la sala de lo Contencioso – Administrativo, Juan Luis Ibarra, advirtió ayer, durante la presentación de la memoria judicial del pasado año, de que cuando acaben de resolver estos asuntos en los próximos meses, otra materia les volverá a desbordar: el carné por puntos.

Los once juzgados y la sala de lo Contencioso – Administrativo – que examinan los pleitos en contra de las administraciones públicas – no dan abasto. Si el plazo medio de resolución de los asuntos penales, civiles, sociales y de violencia contra la mujer es de cinco meses, en el ámbito de lo contencioso la media se eleva a casi dos años.

Después de que concluyera el proceso extraordinario de regulación de 2005, los juzgados empezaron a recibir centenares de casos de documentos desestimados, que acabarán de juzgar “este año”, según aseguró Ibarra. Pero es que a finales de 2007 ya empezaron a entrar los primeros asuntos sobre el carné por puntos. “Aunque estas sanciones todavía no se han reflejado en la memoria judicial de 2007, porque todavía no han salido de la vía administrativa, están en la DGT”, indicó el presidente de la sala.

Además, recordó que la “extranjería ha registrado una línea de litigiosidad creciente que probablemente se va a mantener”, ya que los procesos de regularización van a seguir produciéndose y habrá “temas colaterales”, como las autorizaciones de residencia por reagrupaciones familiares.

Hasta antes de 2005, estos juzgados funcionaban con una tasa de casos no resueltos aceptable, ya que eran capaces de anticipar el volumen de trabajo que tendrían: “Los conflictos entre administraciones y los problemas laborales de los funcionarios eran el principal motivo de litigio, al que les seguían los asuntos urbanísticos”. Otro tema que el pasado año registró una subida fueron los asuntos contra “la propiedad patrimonial con perjuicios económicos”. Es decir, los accidentes en la vía pública, como caerse en la acera, que acaban en indemnizaciones para los afectados.

A pesar de que este año se han creado tres juzgados nuevos de lo Contencioso – Administrativo, uno en cada capital, Ibarra recordó que en la sala siguen contando con cuatro vacantes de las doce plazas disponibles, y son plazas para magistrados especialistas. Tres vacantes han sido cubiertas con sustitutos y la cuarta, con una comisión de servicios, que ha asumido el titular de un juzgado de lo contencioso, dejándolo huérfano. “Hemos vestido un santo para desvestir a otro”, agregó antes de solicitar más recursos humanos.