El Gobierno de Silvio Berlusconi consiguió ayer la aprobación en el Senado de la polémica ley sobre seguridad que ha enfrentado a la mayoría de centroderecha con la oposición de centroizquierda, representada por el Partido Democrático. La ley ha pasado gracias a la holgada mayoría que tiene la coalición de Gobierno en el Senado, donde obtuvo 161 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.

Entre las medidas que introduce la ley y que el Gobierno califica como paquete de seguridad, destaca la de considerar la inmigración ilegal como una agravante, lo que supondrá aumentar en un tercio la pena a aquellas personas sin papeles que cometan un delito en Italia. Además, será más fácil expulsar a los inmigrantes condenados, ya que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a dos años y no diez como en la actualidad, o a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos.

La nueva ley establece además la confiscación del apartamento para quien lo alquile a inmigrantes sin papeles, así como una pena de cárcel de entre seis meses y tres años.

Mientras el presidente de los senadores del centroderecha, Maurizio Gasparri, manifestó su satisfacción declarando que este es «un cambio histórico para la tutela y la seguridad del ciudadano tras la incapacidad de la izquierda», la senadora del Partido Democrático, Anna Finocchiaro, habló de anticonstitucionalidad referida a la agravante por el delito de inmigración clandestina que introduce esta ley.

Entre las novedades de la nueva norma figura la posibilidad de que el Ejército patrulle en las grandes ciudades. Por un máximo de seis meses, unos 3.000 militares estarán a disposición del Gobierno para vigilar objetivos sensibles y patrullar junto a la policía.

Otra de las medidas se refiere al aplazamiento durante 18 meses de los procesos por delitos cometidos antes del 2 de mayo del 2006 que la magistratura considere menos urgentes. Esta disposición podría frenar uno de los juicios por corrupción que se instruye contra el presidente Silvio Berlusconi.