El ministro rechaza endurecer la política migratoria española para adaptarla a la europea

madrid. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, subrayó ayer que las pateras “son un drama” “en el origen” y “en el destino”, pero “venir en un cayuco no es de ninguna de las maneras motivo para una regularización”. Si se regularizase a todos los que llegan en cayuco sería una “irresponsabilidad” del Gobierno que además provocaría un efecto llamada, aseguró Corbacho.

En su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Corbacho zanjó así el debate sobre la posible legalización de los supervivientes de la patera que llegó el pasado 9 de julio a las costas de Almería y en la que habían fallecido quince personas, entre ellas nueve bebés.

casos humanitarios Corbacho precisó que la legislación prevé atender a casos por motivos “muy humanitarios” pero “nunca en función del viaje”. El ministro subrayó que no es “indiferente ante el drama de quien llega en un cayuco jugándose la vida para intentar tener una oportunidad pero sería un irresponsable si la decisión no fuera otra que retornarles a su país porque, si no, estaríamos haciendo lo contrario de lo que debemos en beneficio de la inmigración”.

Además, si el Gobierno regularizase a los que llegan en cayuco, “seguramente esa decisión llevaría una publicidad a los países de origen” que provocaría que “primero vengan en cayuco, después en piragua y al final en un neumático, y al final se quedan en el mar”, dijo.

Corbachó recordó que, en este año, 4.300 personas han llegado a España en cayuco, pero “si en un país de 46 millones de habitantes, el problema fuesen 4.300 personas, no haría falta ni un ministro de inmigración ni una política de inmigración”.

El portavoz del PP, Rafael Hernando advirtió de que el nuevo “modus operandi” de las mafias es llenar las pateras de mujeres y bebés y que, por tanto, sería “gravísimo error” legalizar a los supervivientes. “En estos casos, la compasividad no vale” ni “sufrir una grave tragedia es suficiente para quedarse en este país”.

Respecto a la directiva europea de retorno, destacó que la legislación española de extranjería es “mucho más garantista” y que, “por tanto”, no hay por qué cambiar la normativa española. Sin embargo, admitió que “hubiese preferido” que el periodo máximo de internamiento que establece la directiva (de 18 meses) fuera “menor” y justificó el apoyo del Gobierno a esa norma en la necesidad de “progresar hacia una política común de inmigración”, que “es lo importante”.