El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró ayer que ha pedido por carta a las comunidades autónomas que acojan a inmigrantes menores arribados en patera hasta Canarias, autonomía que “tiene un problema, en el que todas las administraciones se tienen que implicar, con el número de menores” que ha recibido.

Durante su intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, Corbacho indicó que ha solicitado “a todos y cada uno de los consejeros de las comunidades autónomas, expresamente y por escrito, su colaboración, compromiso y solidaridad para hacer frente a la atención de esos menores”.

“Una de las caras más dramáticas de esta inmigración es la llegada de menores en situación de desamparo”. Destacó el “compromiso del Gobierno” para que estos niños que ahora están viviendo en colegios de Canarias tengan una “solución” antes que se reanuden las clases, en el mes de septiembre, y añadió que el Ejecutivo socialista ha destinado un millón de euros a la comunidad canaria para que pueda “proteger el interés superior” de estos ‘sin papeles’.

El ministro insistió en que “venir en un cayuco no es motivo para ser regularizado”, aunque matizó que “puede haber un caso entre un millón que pude tener una consideración diferente en función de unas circunstancias singulares”.

“Para frenar la tragedia de la llegada de cayucos desde las costas africanas es imprescindible actuar sobre las cusas que llevan a estas personas a salir de sus países, que son el hambre y la miseria”, por lo que el Gobierno, señaló, llegará a destinar en esta legislatura el 0,7 del PIB español a ayuda al desarrollo. En este sentido, anunció que a partir de septiembre viajará a los “principales países de origen y tránsito” de la inmigración, con los que es fundamental firmar “acuerdos de readmisión de personas en situación irregular, que permitan su repatriación”.

4.376 personas en cayuco

Apuntó que en lo que va de año 4.376 personas han llegado en cayucos hasta España. También se refirió a la figura jurídica de la reagrupación familiar, de la que dijo que se debe abrir una “reflexión sobre su aplicación”.

“Nadie cuestiona el derecho reconocido que tienen los extranjeros a vivir en familia, pero es necesario delimitar claramente qué familia y en qué condiciones”.

Sobre la Directiva de Retorno Europea, Corbacho defendió que la legislación española “es mucho más garantista” y reconoció que “hubiese preferido un tiempo máximo de internamiento menor que el que regula la directiva”, fijado en 18 meses.

En cualquier caso, valoró que la directiva “fue adoptada por consenso” y establece “mínimos comunes” respetando al mismo tiempo “la legislación nacional”. “Lo importante de la directiva es que da un paso más hacia una política europea común sobre inmigración”, apostilló.

En cuanto al programa de retorno voluntario de trabajadores extracomunitarios defendió que no ha sido diseñado sólo para este periodo de desaceleración económica, sino que busca favorecer la inmigración circular, es decir, aquella que viene a España sólo durante un tiempo.