bilbao. Decenas de inmigrantes han visto sus sueños truncados gracias al dentista de los pobres. Pero el tiempo tiende a poner a las personas en su sitio y agentes de la Policía Nacional han detenido a Fulgencio Engaga Oyogo Ntongono acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y estafa. Engaga, natural de Guinea Ecuatorial y nacionalizado español, es sospechoso de engañar a inmigrantes irregulares ofreciéndoles un trabajo ficticio a cambio de entre 2.000 y 8.000 euros. Engaga, dentista de profesión, es el dueño de la clínica Euskodental, en la calle Príncipe de Bilbao, donde atendía a precio de coste a las personas que demostraban que no tenían ingresos para pagar los tratamientos bucales.

Junto con Engaga ha sido detenido su mano derecha, Juan Carlos C.M., a quien además se le imputa el cargo de intrusismo profesional ya que ejercía de odontólogo sin tener el título. Otros dos colaboradores están en búsqueda y captura también por los mismos cargos de delito contra los derechos de los trabajadores y estafa. El grupo utilizaba una amplia red de ONG y empresas sin actividad laboral para convencer a los afectados de que sus tramitaciones eran correctas y de que conseguirían un trabajo y los papeles.

En concreto, a través de la ONG Asociación de Ayuda Sanitaria, el dentista atraía a los inmigrantes, que eran derivados a la empresa Guía Africana de Servicios, según explicó ayer José Ángel Esnaola, abogado de la coordinadora de ONG de apoyo al inmigrante Harresiak Apurtuz. La coordinadora denunció en 2005 a la ONG ficticia, pero la jueza archivó el caso por falta de pruebas. Ese año había siete afectados, de los que sólo uno se atrevió a denunciar. Después de tres años, el número de víctimas se elevaría a varias decenas.

En abril la Policía Nacional retomó las investigaciones “al tener conocimiento de que el detenido, utilizando una clínica dental, unas empresas debidamente registradas pero sin actividad laboral y alguna ONG, ofrecía trabajo a extranjeros”, indicaron fuentes judiciales. Las empresas investigadas, además de las ya mencionadas, son la clínica Santa Apolonia, Euroguinea de Medicamentos, Euskodental Solidaridad y GEO S. L. Servicios de Hostelera.

En un reportaje publicado en este periódico en enero de 2007 sobre su labor solidaria, Engaga se jactaba de ella: “Creo que puedo realizar un gran servicio a la gente necesitada. La atención odontológica no llega a todos, ni a las personas de fuera ni a los propios bilbainos con pocos recursos”. En el artículo explicaba como llegó “con lo puesto” en la década de los 90 con apenas 20 años. Según el detenido, sacarse la carrera le costó 15 años ya que tuvo que compaginar los estudios con diferentes trabajos, “como albañil, camarero, mozo de almacén, recadista, etc.”.

sin regularización “Pero a mí me ayudaron y mira hasta dónde he llegado. Llegué sin nada y comencé los estudios de Derecho. Lo dejé. Trabajé duro y volví a la universidad para estudiar esta vez Odontología. Tras cinco años en Madrid decidí venir a Bilbao por su clima y su gente, y por fin he cumplido mi sueño”, declaró entonces. “Sé lo que es sentirse solo, pasar necesidad y estar desanimado. La inmigración es dura, abandonas muchas cosas para optar por algo mejor sin tener nada asegurado. Hay que ayudar a la gente a que realmente consiga al mejor, así lo intento con mi trabajo”, agregó.

En 2007, en el primer año de funcionamiento de la clínica, Engaga dijo que atendió a más de 700 pacientes (el 53% bilbainos). Por las mañanas trabajaba como un odontólogo al uso y por la tarde realizaba los tratamientos de forma gratuita o a precio tasado.

La Policía Nacional ha realizado diversos registros en los que ha intervenido bases de datos, documentación contable, contratos de trabajos y otros documentos para su estudio y análisis. Según los investigadores, “existen pruebas y evidencias que incriminan a los ahora detenidos”, quienes han sido puestos a disposición judicial.

A los extranjeros residentes en su país de origen, Engaga y sus colaboradores les exigían entre 2.000 y 8.000 euros ofertándoles un trabajo en las distintas empresas tapaderas, remitiéndoles cartas de invitación, contratos de trabajo y otros documentos. Luego el dentista acreditaba haberlos presentado en las instituciones correspondientes para su legalización, si bien nunca conseguía el objetivo de los afectados: regularizar su situación. “A los extranjeros irregulares que se encuentran en España también les exigía cantidades importantes”, añadieron las fuentes, que destacaron la vulnerabilidad de los afectados como para acudir a comisaría y denunciar la treta.