E l alto porcentaje de reclusos inmigrantes en las cárceles españolas, que en estos momentos triplica al de las personas de origen extranjero entre la población en general, tiende a incrementarse. El fenómeno no es del todo nuevo, puesto que incluso cuando España era tierra de emigración, hasta los primeros años 70 del pasado siglo, los extranjeros representaban una tasa superior dentro de la población reclusa que en relación al número total de habitantes. Lo que distingue la situación actual respecto a la época en que estuvieron vigentes la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social después es que el señalado incremento se ha vuelto exponencial. A la hora de explicar sus causas, es evidente que la primera de ellas se refiere al lugar que ocupan los inmigrantes en la pirámide social española. Su ubicación en los sectores de empleo más precario o de la economía sumergida se agrava en el caso de quienes se enfrentan a verdaderas dificultades para regularizar su situación laboral y personal. Además, como ha ocurrido históricamente, la probable continuidad de la crisis económica permite pronosticar un aumento de la pequeña delincuencia. En segundo lugar, han de tenerse en cuenta factores de orden cultural derivados tanto de la relación que se establece entre delito y pena en sus lugares de origen como de que en la marginalidad se tiende a asumir la eventualidad del encarcelamiento como parte de la misma, y no necesariamente como la más penosa.
Los obstáculos que el desarraigo impone a la hora de reunir las condiciones requeridas para el acceso al tercer grado o a la libertad provisional contribuyen, además, a ello. Pero los factores sociales y culturales no podrían explicar por sí solos el fenómeno si no se tuviera en cuenta el carácter transnacional de grandes y pequeñas tramas delictivas. Tanto en lo que se refiere a las más temibles organizaciones y redes criminales como a grupos menores que operan gracias a la permeabilidad de nuestras fronteras. Baste señalar que de las 16.766 personas detenidas en 2006 en España por tráfico de drogas, 5.605 eran extranjeras. Si esto último demanda una creciente especialización de los recursos policiales, las causas más sociológicas exigen una mayor atención preventiva por parte de todas las administraciones, pero también la posibilidad de aplicar de manera menos restrictiva la libertad condicional, o la repatriación mediante convenio de aquellos condenados que puedan cumplir la pena en países en los que el respeto a los derechos humanos esté garantizado.