La población reclusa de origen extranjero crece muy por encima de la evolución de los presos españoles. Sólo en el primer cuatrimestre del año, este colectivo ha aumentado en 1.111 miembros frente a los 945 nacionales. O lo que es lo mismo, nueve extranjeros entran en la cárcel cada día por sólo siete españoles. En los últimos ocho años, el número de foráneos encarcelados ha crecido un 300%, mientras que el de internos locales ha subido un 24%.

Los últimos estudios oficiales señalan que hay 24.088 presos de otros países, 16.188 más que en 2000. Los extranjeros encarcelados, el 90% varones, representan el 34,8% de los 69.156 reclusos. En el pasado abril, último mes recogido en las estadísticas de Instituciones Penitenciarias y del sindicato Acaip, uno de cada tres internos era extranjero. Un cambio sustancial en relación a hace ocho años, cuando los inmigrantes presos no llegaban a uno de cada seis.

Los españoles constituían el 82,1% de los presos en 2000. Hoy hay casi 10.000 más entre rejas, pero suponen el 65,1% del total. Una caída que obedece al crecimiento de los inmigrantes en prisión.

Las razones de este fuerte incremento obedecen, según los expertos, a razones económicas y culturales. Las penurias materiales por las que atraviesan muchos inmigrantes les conducen a la delincuencia. Se da la circunstancia de que buena parte de estas personas no tenían antecedentes penales.

Una segunda razón es cultural. Los ingresos en prisión por un delito son menores en muchas de sus naciones de origen, ya sea por menor eficacia policial, por la legislación o cualquier otra razón. Esas circunstancias propician que el inmigrante delincuente habitual en su país crea que la situación es similar en España y continúa con su carrera criminal con la suposición, errónea, de que no lo pagará con la privación de libertad.

El fuerte aumento de la colonia reclusa foránea no es proporcional al crecimiento de la inmigración en España. La población extranjera encarcelada no reproduce la evolución demográfica de la inmigración, según reconocen fuentes penitenciarias.

De acuerdo al padrón, en España hay 5.995.962 de personas de otros países comunitarios y extracomunitarios, lo que supone el 13% de los habitantes del país. Dentro de las prisiones, esta proporción se multiplica por tres hasta alcanzar el 34%.

Las colonias más numerosas dentro de los centros penitenciarios son los marroquíes, los colombianos y los rumanos. Sólo los encarcelados de estas tres nacionalidades suponen el 42,2% del total de los extranjeros en cárceles españolas. En los centros dependientes de Interior, todos menos los catalanes, hay 4.586 marroquíes, cuando hace ocho años la colonia entre rejas de esa nacionalidad apenas superaba los 1.700. Los internos de Marruecos suman el 7,7% del total. Un dato que contrasta con el peso de los ciudadanos de ese país en la población de España, el 1,4% del total. La conclusión es sencilla: la densidad de marroquíes en prisión quintuplica la general.

La situación se repite entre otras nacionalidades. Los colombianos en prisión suman 2.205, con la particularidad de que el número de internos del país latinoamericano se ha duplicado en ocho años. A diferencia de lo que ha sucedido con el número global de reclusos, que en ese periodo apenas ha crecido un 24%. En el padrón, además, los colombianos representan el 0,7% de la población de España, pero dentro de las cárceles ascienden hasta el 3,7%, cinco veces más.

Muy relevante ha sido el crecimiento de la colonia presa procedente de Rumanía. En 2000, había un número testimonial de reclusos de esta nacionalidad, 33, pero ahora hay 1.745 internos. La colonia rumana en prisión se ha multiplicado 52 veces, hasta convertirse en el tercer colectivo extranjero con más presos, el 8,6% del total de inmigrantes entre rejas. También está sobredimensionada en relación a la población residente. Los rumanos empadronados ascienden a 707.227, el 1,5% del total del país, y sin embargo integran casi el 3% de toda la población carcelaria. Es decir, el doble. Destaca el incremento de colonias entre rejas de países como Ecuador (686 presos más en ocho años), República Dominicana (645 más) y Venezuela (510), Bolivia (433) o Nigeria (415).