Entre 4.000 y 5.000 personas, la mayoría mujeres extranjeras, trabajan como empleadas del hogar en la provincia sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, según las estimaciones de algunas de las principales organizaciones sociales que trabajan en el campo de la inmigración y que han alcanzado un acuerdo para dignificar y revalorizar las condiciones laborales de este sector, regulado por normativas que datan de 1969 y 1985, excluido del régimen general y en el que ni siquiera es obligatoria la existencia de un contrato escrito entre empleador y empleado.

Ayer, Málaga Acoge, MPDL, Cruz Roja, Aspa y la Comisión de Ayuda al Refugiado firmaron un protocolo común para las bolsas de empleo que gestionan, a través del que acuerdan no admitir ofertas para el servicio doméstico que no cumplan unos requisitos mínimos establecidos en común.

Un salario de unos 600 euros al mes, el pago a la seguridad social, dos medias pagas, un mes de vacaciones retribuidas, y un descanso mínimo de día y medio ininterrumpido serían, por ejemplo, las condiciones mínimas para un contrato de ocho horas de trabajo diario en el servicio doméstico.

Tabla de referencia

Las organizaciones firmantes han elaborado una tabla en la que se recogen diferentes circunstancias laborales, el salario mínimo a aplicar y las prestaciones a las que tendrían derecho las trabajadoras. Así se recogen circunstancias como el hecho de trabajar en régimen de internado, diferenciado si además cuidan a personas dependientes; el coste de los días festivos o las horas extras. También incluyen prestaciones sociales como permisos por matrimonio, nacimiento de hijos, enfermedad o lactancia.

En el caso de que se trabaje por horas, establecen un precio mínimo de ocho euros, ya que afirman que hay empleadores que llegan a ofrecer tan sólo tres o cuatro euros por hora. En el caso del régimen de internado, afirman encontrarse con casos que ofrecen tan sólo 400 euros por tener a una persona día y noche, aduciendo que les dan techo y comida. A esta circunstancia se suma el hecho de que, cada vez en mayor medida, la empleada del hogar realiza funciones de auxiliar de enfermería, ya que se encarga del cuidado de personas dependientes, además de las tareas domésticas.

Las asociaciones han decidido elaborar y exigir el cumplimento de estos requisitos ante la ausencia de una regulación laboral acorde con el trabajo que realizan. En estos momentos, más de 7.800 personas están dadas de altas en la Seguridad Social como trabajadoras del servicio doméstico en la provincia. De ellas, el 65% son extranjeras.

Las organizaciones instan al Gobierno a que lleve a cabo la adecuada regularización laboral de un sector que consideran un yacimiento de empleo, dado su crecimiento, pero en el que, aseguran, se dan condiciones «casi medievales».