Las Consejerías de Bienestar Social y Asuntos Sociales de Melilla y Ceuta, respectivamente, han decidido aunar esfuerzos y establecer una postura común a la hora de negociar con el Estado la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Tras la reciente reunión constitutiva de la Conferencia Sectorial de Inmigración, las Ciudades Autónomas han optado por diseñar un plan de acción conjunto que posibilite una mayor atención del Gobierno central frente a esta delicada problemática. Así, Carolina Pérez, en representación de Ceuta, y María Antonia Garbín, en nombre de Melilla, enfocarán la presente legislatura del Ejecutivo socialista con las miras puestas en pedir un fondo común para afrontar la situación que crean los menores.

Tras una primera reunión, ambas consejeras acordaron presentar al ministro del ramo, Celestino Corbacho, una propuesta unificada que obtenga igualmente una solución por parte de Trabajo.

Si la consejera ceutí defendió en la reunión constitutiva un incremento de los recursos ya que Ceuta sufre directamente las consecuencias de la presión migratoria, la responsable de Melilla hizo tres cuartos de lo mismo. Y es que se trata de «abrir nuevas posibilidades de colaboración» entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos, subrayó Pérez.

No obstante la confirmación de la iniciativa que van a seguir los Gobiernos de las Ciudades Autónomas llega desde Melilla. Concretamente, el portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, confirmó ayer que el encuentro entre ambas consejeras para fijar una postura conjunta en materia de menores extranjeros no acompañados y elevar a Madrid una sola reivindicación, informa Efe.

El portavoz del Ejecutivo autonómico sostuvo que el objetivo de ese tipo de encuentros es alcanzar acuerdos en aquellas materias donde se registren problemas comunes. «Esto no es nuevo», añadió el popular, «parece que al elevar una reivindicación conjunta se hace más fuerza».

Conesa insistió en que tanto Melilla como Ceuta tienen un problema en materia de menores porque el gasto que se realiza desde la Ciudad Autónoma es mucho mayor que los ingresos que se reciben del Estado.

El portavoz afirmó que, pese a todo lo dicho en materia estatutaria, al Partido Socialista «no le interesa que esta competencia regrese a manos del Estado porque estos menores no votan».