Zapatero ha prometido el voto en municipales a los inmigrantes extracomunitarios. En este ámbito, las autonomías han tratado de facilitar la integración de los inmigrantes. Han creado planes integrales, de inserción laboral, se ha regulado las contrataciones en origen y se han destinado fondos a los ayuntamientos para mejorar los servicios a la población extranjera. Las competencias fundamentales se las reserva el Gobierno. Las expulsiones, los centros de internamiento son su responsabilidad.

Aunque de manera siempre insuficiente, según las ONG, los esfuerzos autonómicos se han centrado en la integración. Madrid, donde viven la mayoría de inmigrantes, ha creado una consejería específica para coordinar las políticas. Catalunya financia el proyecto aulas de acogida, que tiene como objetivo la incorporación del alumnado recién llegado de otros países a los centros escolares en el menor tiempo posible. Hay más de 200 profesionales que actúan como asesores de lengua, interculturalidad y cohesión social.

Catalunya ha puesto en marcha el programa Catalunya-Magreb para facilitar el retorno de los menores inmigrantes marroquíes no acompañados. Ha sido muy criticado por las ONG. En Andalucía, el II plan de Inmigración destina 1.177 millones a la plena integración. El 80% del presupuesto se dedica a atención socioeducativa y sociosanitaria. 800.000 inmigrantes fueron atendidos por la sanidad pública entre 2001 y 2005. Aragón fue pionera en la atención jurídica a inmigrantes en 1994, y cuenta con un Foro de la Inmigración.