Los ministros de Justicia e Interior de los Veintisiete dieron su visto bueno ayer en Cannes al que será el primer Pacto Europeo de Inmigración. Se trata de un texto elaborado por la Presidencia francesa de la UE que espera ser rubricado por todos los Estados en octubre. El documento no pretende ser una mera declaración de intenciones. Va más allá para detallar una batería de compromisos concretos a asumir por cada uno de los países miembros. Entre estas medidas se incluye que cada Estado fijará el número de inmigrantes que puede acoger según sus capacidades y el mercado de trabajo. Además, presta especial atención a la lucha contra las mafias de la inmigración irregular y la protección de fronteras, de tal manera que se insta a los «sin papeles» a abandonar la UE o serán expulsados. En este sentido, los Estados miembros se comprometen a ofrecer ayuda para el retorno voluntario de los inmigrantes. La normativa también limitará la reagrupación familiar y especifica incluso que las regularizaciones se harán «caso por caso».
Frente a aquellos que ven en este documento un intento de la UE por convertirse en una fortaleza que menoscaba los derechos de los inmigrantes, el comisario europeo del ramo, Jacques Barrot, ha resumido a la perfección el espíritu con el que nace: «La inmigración no es una amenaza, pero hay que organizarla». Está claro que Europa y España necesitan de mano de obra extranjera para mantener su nivel de crecimiento. De ahí la urgencia de establecer unas reglas del juego comunes que permitan asumir este reto con una perspectiva global y a una sola voz. Que cada socio comunitario elabore y ponga en marcha una política regionalista ante un fenómeno compartido sería un error que repercute en los Veintisiete, como quedó demostrado con el «efecto llamada» que provocó el Gobierno español con la ley Caldera.
No le faltó tiempo al Gobierno español para presumir de su contribución al texto, dejando caer incluso la idea de que Europa sigue los pasos de España en política migratoria. Nada más lejos de la realidad, teniendo en cuenta que las medidas que ahora apoyan los socialistas son las que hace cuatro años tachaba de xenófobas. Quizá para que este giro hacia la firmeza en la lucha contra la inmigración ilegal no levante ampollas entre sus fieles, el Ejecutivo de Zapatero ha presionado al Elíseo hasta el último momento para excluir cualquier referencia al llamado «contrato de integración» para los inmigrantes que ya existe en Francia y que el PP incluyó en su programa electoral. Al final, el término «contrato» no está, el texto recoge sus principales clausulas, como la obligación del inmigrante de respetar las leyes nacionales y aprender la lengua, así como la obligación del país de acogida de garantizar el acceso a la educación y a los servicios públicos.
Asimismo, el gabinete de Zapatero exigió que se eliminara toda referencia a los masivos procesos de regularización, para evitar que Europa dejara constancia sobre el papel del reproche que de palabra han venido haciendo al errado «papeles para todos» en la pasada Legislatura. Así, en el texto sólo se recuerda a los Estados miembros de forma velada que a la hora de establecer un cupo deben «atender a las consecuencias en los demás países miembros».
Oportunismos partidistas al margen, bienvenido sea este Pacto Europeo de inmigración, en la medida en que da respuesta de forma consensuada a uno de los principales retos de la UE, conjuga de forma equilibrada los derechos de los inmigrantes, pero también sus deberes a la hora de integrarse en cualquiera de los países miembros.