La lucha contra la llamada inmigración «ilegal», el refuerzo de los controles en las fronteras, las restricciones en el derecho de asilo y la cooperación son los principales puntos del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, aprobado ayer en Cannes por los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE).

Los inmigrantes que no tengan los documentos exigidos en cada país deberán dejar el territorio. Además, las regularizaciones se limitarán a hacerse «caso por caso», teniendo en cuenta motivos «económicos o humanitarios» y la legislación en cada país. Aunque finalmente no se prohíben las regularizaciones masivas, tal y como pretendía el Estado francés, el texto veta las regularizaciones generales.

Para facilitar las expulsiones, impulsarán los denominados acuerdos de «readmisión» con los países de origen o de tránsito de los inmigrantes.

El conjunto de normas aboga por «salidas voluntarias», término suavizado. La realidad, sin embargo, es otra. De las cerca de 30.000 personas expulsadas del Estado francés entre mayo de 2007 y 2008, sólo el 38% lo fue de «manera voluntaria».

Este texto también contempla la lucha «con la mayor firmeza» contra las personas que «explotan» a los inmigrantes.

En cuanto a los controles, para el 1 de enero de 2012 se quiere generalizar la expedición de los visados biométricos y dotar a la agencia Frontex de los mecanismos necesarios para que ejerza plenamente su labor de control en las fronteras.

Sobre la demanda de asilo, insta a la Comisión Europea a presentar propuestas con el fin de instaurar para 2012 un único procedimiento y homogeneizar la condición de refugiado.

Con este documento y tras la reciente Directiva, los ministros de la UE quieren dar un nuevo paso para eliminar la inmigración «no deseada». De hecho, el titular de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que «llevan tiempo» practicando la llamada «inmigración escogida» en determinadas zonas para las tareas agrícolas.

En la comparecencia realizada durante una pausa de la reunión, defendió el contenido de este pacto que, en su opinión, supone un «paso importantísimo hacia una política común europea». Añadió que el Estado español se siente «cómodo» porque este acuerdo «responde bien al proyecto español en materia de inmigración».

Para Rubalcaba, es fundamental enviar «un mensaje inequívoco» de que todas las personas que entren en un país miembro de la UE sin los papeles requeridos para ello serán expulsadas.

Si bien subrayó que las expulsiones «no son la tarea más agradable», insistió en que se debe mandar «una señal inequívoca» a las mafias de que no tiene sentido que «engañen a los inmigrantes, pues no van a lograr ese objetivo», es decir, la estancia en Europa. Un objetivo que para el responsable español de Interior no está a su alcance

Tras decir esto, lamentó que a Latinoamérica haya llegado «la peor lectura» de la restrictiva Directiva aprobada por los Veintisiete. A modo de réplica, sostuvo que «ahora hay millones de inmigrantes europeos que tienen derechos que no tenían antes». No obstante, reconoció que «hay muchas lecturas de la Directiva y es verdad que a algunos países de Latinoamérica ha llegado lo peor».

Este acuerdo es una de sus máximas prioridades de la Presidencia francesa de la UE. Pese a ello, París ha tenido que rebajar el tono de sus exigencias, aunque en el fondo predomina el concepto de «inmigración escogida» defendido por el presidente Nicolas Sarkozy y tiende a endurecer la política europea.

Además, ante el malestar e indignación que ha generado en América Latina, algunos mandatarios europeos han llamado a la prudencia antes de aceptar el proyecto francés, que para sus detractores creará «un búnker europeo». «Obviamente, se elige quién puede venir, de qué país», deploró la eurodiputada socialista francesa y especialista en inmigración Martine Roure. «Una inmigración elegida por cada país en función de sus necesidades de mano de obra, no va a impedir la afluencia de trabajadores», vaticinó.

Pese a estas voces críticas en el seno de la UE, lo cierto es que los Veintisiete apoyaron este pacto. El comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, remarcó que este pacto goza de un amplio consenso. «La inmigración no es amenazadora, pero hace falta organizarla. No hay ninguna razón para que no haya reglas de juego», incidió.